Firmó diputado Lozano revalidación de licencia de discoteca.



El diputado Andrés Lozano Lozano rechazó las acusaciones que
lo relacionan con la expedición de la licencia para la operación de
lo que hoy es la discoteca News Divine, pero admitió que en 2002
otorgó una revalidación.

En rueda de prensa, presentó documentos y licencias de
funcionamiento de la discoteca para intentar deslindarse de la
responsabilidad en la operación del lugar, donde murieron 12
personas durante un operativo.

El legislador federal aseguró que desde noviembre de 1996 se
otorgó dicha licencia para operar como "salón de fiestas,
banquetes y discoteca" al negocio que en ese entonces se
denominaba "Grecos".



















"En marzo del 2002, entró en vigor la nueva Ley para el
funcionamiento de Establecimientos Mercantiles, en la que se
determinó la revalidación correspondiente, los dueños deberían
de solicitar la reexpedición de una nueva licencia, la norma
obligaba a la autoridad a emitir dicho documento", expuso.

Señaló que en ese entonces fungía como director jurídico de la
delegación Gustavo A. Madero y como tal firmó la revalidación, y
reconoció que dicho trámite no requiere de una verificación del
lugar sino simplemente de un trámite administrativo de ventanilla.

Sin embargo, en ese tiempo nunca hubo denuncias de venta de
alcohol a menores, drogas o sobresaturación de ese negocio.
"Una cosa es la revalidación del documento y otra la verificación
del lugar", aclaró.

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD) presentó la licencia que como funcionario delegacional
expidió el 29 de agosto del 2002 a nombre de la señora Adelina
Hernández Islas, para la Calle 303 número 186, colonia Nueva
Atzacoalco.




















El panista Obdulio Avila Mayo, presidente de la Comisión de
Desarrollo Metropolitano, lamentó la muerte de las personas y
exigió la renuncia del secretario de Seguridad Pública local, Joel
Ortega, ante los problemas en el operativo que derivó en la
tragedia.

Beatriz Pagés, diputada federal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), lamentó lo ocurrido y subrayó que ni siquiera
se debe pedir la renuncia al funcionario, porque él debería poner
en la mesa su renuncia para garantizar una investigación
imparcial.

Para la diputada María Gabriela González Martínez, del Partido
Acción Nacional (PAN), lo ocurrido es una muestra de la
corrupción que hay en el gobierno central y en las delegaciones,
que "permiten operar estos lugares sin seguir los requerimientos
que la ley especifica".

Al respecto, el diputado Juan Guerra Ochoa, del PRD, opinó que
la investigación debe llevarse a cabo "tope en lo que tope",
incluso se debe indagar la responsabilidad del secretario de
Seguridad, Joel Ortega Cuevas.