Genera polémica intervención de canales de TV en Ecuador



Una fuerte polémica se generó hoy en Ecuador tras la decisión de
la estatal Agencia de Garantías (AGD) de intervenir dos canales
de televisión por deudas impagadas, lo cual fue considerado
como un "atentado contra la libertad de pensamiento".

El segundo vicepresidente de la Asamblea Constituyente, César
Rodríguez, dijo que la medida no tiene nada que ver con la
libertad de expresión, porque se trata de recuperar recursos del
Estado entregados a algunos bancos durante la crisis de finales
de 1990.

"Esto es un atentado contra la libertad de pensamiento", denunció
por su lado el vicepresidente de noticias del intervenido canal de
televisión Gamavisión, Lolo Echeverría, al indicar que en adelante
esa estación reflejará una línea editorial del gobierno.



















La AGD ordenó esta madrugada la intervención de los canales
Gamavisión y Telecentro, como parte de una medida que alcanza
a cerca de 200 empresas del grupo Isaías.

La medida de embargo tiene relación con una deuda de
alrededor de 600 millones de dólares que tendría el grupo Isaías
con el Estado a raíz de la quiebra de su banco Filanbanco,
durante la crisis bancaria de fines de la década pasada y
comienzos de la actual.

Entre las firmas del grupo intervenidas también consta una de
televisión por cable, el ingenio azucarero Astra, uno de los más
grandes del país, y una empresa de productos lácteos, según
informes de medios locales.

El Estado ecuatoriano inició un proceso legal para recuperar los
activos por presunta malversación, explicó la AGD y aclaró que la
"no vulnera ningún derecho laboral ni paraliza ninguna de las
empresas en cuestión".



















La sección de noticias de los dos canales intervenidos fue
encargada a José Toledo, ex secretario de Comunicación Social
del gobierno de Alfredo Palacio, quien hasta anoche era director
de noticias de Canal 5.

El embargo de las empresas del grupo Isaías fue analizado
anoche por el presidente ecuatoriano Rafael Correa, el gerente
de la AGD, Carlos Bravo, y altos funcionarios colaboradores
suyos, como el ministro de Finanzas, Fausto Ortiz.

Medios locales aseguraron este martes que Ortiz no estuvo de
acuerdo con el embargo, lo cual provocó su renuncia al cargo y su
retiro de la reunión.

La AGD fue creada para garantizar los depósitos de los clientes y
está facultada para "incautar bienes" de banqueros que hayan
"declarado patrimonios técnicos irreales, hayan alterado las cifras
de sus balances o cobrado tasas de interés sobre interés".