Juez Garzón dice es "muy grave" admisión querella criminal
contra compañero
El juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón
considera "muy grave" y "absolutamente inaceptable" que en
Guatemala haya sido admitida a trámite una querella criminal
contra su compañero Santiago Pedraz, que investiga los delitos
de genocidio cometidos en ese país.
Así lo expresó hoy el magistrado a los periodistas durante la
segunda jornada del curso de la Universidad Complutense "La
Justicia Penal Universal", que él dirige, y en el que ha sido
abordado el caso de Guatemala junto a los abogados Almudena
Bernabéu y Manuel Ollé.
"Creo que las instancias correspondientes en vía diplomática
deberían de presentar la queja correspondiente porque es una
intromisión intolerable en la función jurisdiccional", precisó el
magistrado.
Garzón añadió: "se puede discrepar en que se tenga o no se
tenga competencia, pero lo que no se puede es formular una
querella contra el juez instructor que lo único que está haciendo
es investigar de acuerdo con las normas de España y de acuerdo
con las normas internacionales sobre la materia".
Pedraz instruye la causa abierta en 1999 en la Audiencia Nacional
por la indigenista guatemalteca Rigoberta Menchú, Premio Nobel
de la Paz 1992), que se querelló contra varios dirigentes de su
país por los delitos de genocidio, torturas y terrorismo de Estado.
Uno de los procesados, el ex general guatemalteco Ángel Aníbal
Guevara, presentó una demanda penal ante la justicia de
Guatemala en contra del juez Pedraz, a quien acusa de
prevaricación y violación a la Constitución.
"El señor Pedraz abusivamente giró una orden de captura en mi
contra sin tener pruebas, y estuve catorce meses preso, lo cual
dañó mi prestigio y causó daños morales a mi familia", dijo
Guevara en junio pasado a los periodistas antes de presentar la
demanda en la Corte Suprema de Justicia.
Hoy, el magistrado Garzón aseguró que la investigación en
España va "avanzando con dificultad" y afirmó que Guatemala
"incurre en un gravísimo error de negar el propio hecho del
genocidio maya y de identificarlo con un delito político".
Según la investigación, 420 aldeas desaparecieron en el
conflicto, fueron perpetradas 667 masacres y en el 93 por ciento
de los casos sus autores eran agentes del Estado.


