Pide AI medidas de protección efectivas para mujeres
maltratadas.
Las mujeres necesitan es que sus denuncias por violencia
familiar se tomen en serio y accedan a la justicia y a mecanismos
de protección efectivos, como son los refugios, indicó Amnistía
Internacional (AI).
En conferencia de prensa, Alberto Herrera, director de la Sección
México de AI, recordó que en 2007 se promulgó la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que
representa una esperanza de que mejoren sus condiciones de
acceso y seguridad.
Sin embargo, explicó que mientras no se creen leyes estatales,
sus reglamentos y se armonice estas normatividades con los
tratados y convenios internacionales, "dicha ley será letra muerta".
En el informe La lucha de las mujeres por la seguridad y la
justicia: violencia familiar en México, AI alertó que miles de
mexicanas que sobreviven a la violencia en sus hogares corren
peligro de que el sistema de justicia no tome en serio su
seguridad.
Destacó que aún existen miles de obstáculos a los que se
enfrentan las mujeres cuando tratan de denunciar casos de
violencia doméstica.
Precisó que estos son desde la negativa de los funcionarios a
aceptar las denuncias, la deficiencia de las investigaciones y el
escaso cumplimiento de las medidas de protección.
A su vez, María de la Luz Estrada, representante del Observatorio
Nacional del Feminicidio, dijo que 21 estados tienen su Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sólo
Aguascalientes, San Luis Potosí y Yucatán tienen reglamento.
Sin este último elemento legal, sostuvo, no se pueden determinar
competencias entre las autoridades, asignar responsabilidades y
presupuestos, por lo cual, si sólo tres estados tienen un
reglamento, en 18 entidades faltaría elaborarlo para que la ley se
pueda ejercer de manera efectiva.
Ante esta situación, dijo, el Observatorio de Amnistía Internacional
emprenderá una intensa campaña para demandar a los
congresos estatales establezcan una agenda para armonizar las
leyes locales con la federal y los diversos tratados
internacionales.
Subrayó que es prioritario que las mujeres cuenten con una vida
libre de violencia y puedan acceder a la justicia.
Una de cada cuatro mujeres de México ha sufrido violencia física
o sexual a manos de su pareja, mientras que 82 por ciento de las
mujeres víctimas de violencia no la denuncian a las autoridades.
Sigue
AI medidas de protección. dos. autoridades
En Chiapas, 90 por ciento de las denuncias de violencia contra
las mujeres derivan en procesos de conciliación, los funcionarios
concluyen que las lesiones de las víctimas no son
suficientemente graves o que éstas no están decididas a seguir
con el proceso.
En 2005 en Ciudad Juárez los investigadores del gobierno federal
identificaron a 177 funcionarios locales como posibles causantes
de actos de negligencia en las investigaciones penales sobre el
asesinato de casos de 300 mujeres en un periodo de 10 años.
Sin embargo prácticamente ninguno de los implicados ha sido
obligado a rendir cuentas.
En San Salvador Atenco, se acusó a agentes de la policía de
tortura y de agredir sexualmente a al menos 26 mujeres
detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006.
Si bien se iniciaron investigaciones federales y estatales, hasta la
fecha sólo seis agentes han sido acusados, todos ellos de
delitos menores.
maltratadas.
Las mujeres necesitan es que sus denuncias por violencia
familiar se tomen en serio y accedan a la justicia y a mecanismos
de protección efectivos, como son los refugios, indicó Amnistía
Internacional (AI).
En conferencia de prensa, Alberto Herrera, director de la Sección
México de AI, recordó que en 2007 se promulgó la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo que
representa una esperanza de que mejoren sus condiciones de
acceso y seguridad.
Sin embargo, explicó que mientras no se creen leyes estatales,
sus reglamentos y se armonice estas normatividades con los
tratados y convenios internacionales, "dicha ley será letra muerta".
En el informe La lucha de las mujeres por la seguridad y la
justicia: violencia familiar en México, AI alertó que miles de
mexicanas que sobreviven a la violencia en sus hogares corren
peligro de que el sistema de justicia no tome en serio su
seguridad.
Destacó que aún existen miles de obstáculos a los que se
enfrentan las mujeres cuando tratan de denunciar casos de
violencia doméstica.
Precisó que estos son desde la negativa de los funcionarios a
aceptar las denuncias, la deficiencia de las investigaciones y el
escaso cumplimiento de las medidas de protección.
A su vez, María de la Luz Estrada, representante del Observatorio
Nacional del Feminicidio, dijo que 21 estados tienen su Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero sólo
Aguascalientes, San Luis Potosí y Yucatán tienen reglamento.
Sin este último elemento legal, sostuvo, no se pueden determinar
competencias entre las autoridades, asignar responsabilidades y
presupuestos, por lo cual, si sólo tres estados tienen un
reglamento, en 18 entidades faltaría elaborarlo para que la ley se
pueda ejercer de manera efectiva.
Ante esta situación, dijo, el Observatorio de Amnistía Internacional
emprenderá una intensa campaña para demandar a los
congresos estatales establezcan una agenda para armonizar las
leyes locales con la federal y los diversos tratados
internacionales.
Subrayó que es prioritario que las mujeres cuenten con una vida
libre de violencia y puedan acceder a la justicia.
Una de cada cuatro mujeres de México ha sufrido violencia física
o sexual a manos de su pareja, mientras que 82 por ciento de las
mujeres víctimas de violencia no la denuncian a las autoridades.
Sigue
AI medidas de protección. dos. autoridades
En Chiapas, 90 por ciento de las denuncias de violencia contra
las mujeres derivan en procesos de conciliación, los funcionarios
concluyen que las lesiones de las víctimas no son
suficientemente graves o que éstas no están decididas a seguir
con el proceso.
En 2005 en Ciudad Juárez los investigadores del gobierno federal
identificaron a 177 funcionarios locales como posibles causantes
de actos de negligencia en las investigaciones penales sobre el
asesinato de casos de 300 mujeres en un periodo de 10 años.
Sin embargo prácticamente ninguno de los implicados ha sido
obligado a rendir cuentas.
En San Salvador Atenco, se acusó a agentes de la policía de
tortura y de agredir sexualmente a al menos 26 mujeres
detenidas entre el 3 y 4 de mayo de 2006.
Si bien se iniciaron investigaciones federales y estatales, hasta la
fecha sólo seis agentes han sido acusados, todos ellos de
delitos menores.
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