Se brindará seguridad integral para jueces y magistrados
Aparte de los servicios de escoltas y vehículos blindados que les
proporcionan, se trabaja en un sistema de seguridad integran para proteger
los edifico donde laboran los jueces y magistrados que llevan procesos
contra la delincuencia organizada.
Por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal, convocó el pasado 18
de marzo a una licitación pública para blindar la sede de los juzgados de
procesos penales en los tres reclusorios del Distrito Federal y un edificio de
la avenida Revolución, donde destacan nueve tribunales colegiados en
materia penal, que son la máxima instancia en estos juicios, además de
que ahí se ubica la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
De acuerdo a la convocatoria, el sistema de seguridad integral también
será instalado en las dos sedes de justicia federal en Ciudad Juárez y
Chihuahua, donde se registran los mayores índices de violencia
relacionados con el narcotráfico, así como en los dos juzgados que atiende
el Centro Federal de Readaptación Social Noreste, en Tepic, Nayarit, donde
en conjunto trabajan 62 Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.
Los sistemas de seguridad constan de seis componentes: Circuito cerrado
de televisión, control de acceso vehicular y peatonal, registro de visitantes,
sistema de control de rondas de vigilancia y dispositivos adicionales.
Todos los ingresos de personas serán controlados con tarjetas digitales de
proximidad. Los visitantes serán fotografiados, tendrán que pasar por
torniquetes electrónicos, y quedarán almacenados en el sistema, en un
sistema de vigilancia.
Se instalarán barreras vehiculares y entre los siete edificios serán
colocados un total de 303 cámaras. Aquí cada edificio contará con un cuarto
de control y monitoreo.
El año pasado, el Consejo de la Judicatura Federal instaló los primeros
seis sistemas de este tipo en sus sedes de Monterrey, Reynosa y Piedras
Negras, donde se atienten asuntos de varias materias no sólo penales
además de dos edificios de tribunales administrativos en el Distrito Federal.
Los siete juzgados de control que dictaminan órdenes de cateo, arraigo e
intervención de comunicaciones privadas, solicitadas por la Procuraduría
General de la República, ubicados en el edificio de Insurgentes Sur 1888,
pues son los únicos totalmente inaccesibles al público.
Y aquellos donde el público puede acceder, pues estará una estricta
medida de control de seguridad a través de un sistema de monitoreo.


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