La SFP descubre mega fraude en FOVISSSTE
Desde el 2005 operaba en el Fondo para la Vivienda del ISSSTE una red de
corrupción, dedicada al otorgamiento ilegal de créditos hipotecarios. La
Secretaría de la Función Pública denunció penalmente ante la PGR, a ocho
funcionarios del FOVISSSTE y 26 funcionarios de diversas Sofoles por
otorgar cuatro mil 500 créditos irregulares por un monto superior a los 570
millones de pesos.
Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública: "El incrementar el
sueldo en documentos les permitió a los servidores públicos obtener un
crédito hipotecario hasta tres veces el monto del crédito al que tenían
derecho, esto significa que el descuento por su crédito era mucho menor al
que debía de ser, dejando al FOVISSSTE en riesgo de no recuperar lo
prestado".
Los funcionarios del FOVISSSTE denunciados por fraude son: Elba Leonor
Cárdenas jefa de Otorgamiento de Créditos; Jesús Vidal Osorio
coordinador de Procesos Hipotecarios; Carlos Puente Bañuelos jefe de
Departamento Zona I y Martín Vargas Enríquez, Carlos Romero Flores,
Rosaura León García, María del Carmen Martínez Martínez y José Alejandro
Aguirre Santa Rita. También se encuentran denunciados penalmente 83 de
los cuatro mil 500 empleados gubernamentales, que resultaron
beneficiados de estos créditos irregulares.
Salvador Vega Casillas: "Finalmente cometieron también un fraude,
obteniendo un crédito mayor al que tenían derecho los trabajadores que
hicieron estas manipulaciones o que se prestaron a estas falsedades,
estaban conscientes de que no tenían derecho a obtener un crédito de ese
monto".
El secretario de la Función Pública aseguró que este es el caso de
corrupción con mayor número de funcionarios involucrados, descubierto y
sancionado por la Secretaría de la Función Pública.
Salvador Vega Casillas: "Gracias a la intervención oportuna y a los primeros
hallazgos, se logró detener el otorgamiento de mil 300 créditos que
estaban en trámite y que se presumían, eran irregulares".
Los funcionarios públicos involucrados en estos presuntos fraudes, que
obtuvieron créditos por montos hasta tres veces superiores a los que tenían
derecho, podrían hacerse acreedores a sanciones penales de hasta 12
años de prisión y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en
caso de que se compruebe su responsabilidad.
Desde el 2005 operaba en el Fondo para la Vivienda del ISSSTE una red de
corrupción, dedicada al otorgamiento ilegal de créditos hipotecarios. La
Secretaría de la Función Pública denunció penalmente ante la PGR, a ocho
funcionarios del FOVISSSTE y 26 funcionarios de diversas Sofoles por
otorgar cuatro mil 500 créditos irregulares por un monto superior a los 570
millones de pesos.
Salvador Vega Casillas, secretario de la Función Pública: "El incrementar el
sueldo en documentos les permitió a los servidores públicos obtener un
crédito hipotecario hasta tres veces el monto del crédito al que tenían
derecho, esto significa que el descuento por su crédito era mucho menor al
que debía de ser, dejando al FOVISSSTE en riesgo de no recuperar lo
prestado".
Los funcionarios del FOVISSSTE denunciados por fraude son: Elba Leonor
Cárdenas jefa de Otorgamiento de Créditos; Jesús Vidal Osorio
coordinador de Procesos Hipotecarios; Carlos Puente Bañuelos jefe de
Departamento Zona I y Martín Vargas Enríquez, Carlos Romero Flores,
Rosaura León García, María del Carmen Martínez Martínez y José Alejandro
Aguirre Santa Rita. También se encuentran denunciados penalmente 83 de
los cuatro mil 500 empleados gubernamentales, que resultaron
beneficiados de estos créditos irregulares.
Salvador Vega Casillas: "Finalmente cometieron también un fraude,
obteniendo un crédito mayor al que tenían derecho los trabajadores que
hicieron estas manipulaciones o que se prestaron a estas falsedades,
estaban conscientes de que no tenían derecho a obtener un crédito de ese
monto".
El secretario de la Función Pública aseguró que este es el caso de
corrupción con mayor número de funcionarios involucrados, descubierto y
sancionado por la Secretaría de la Función Pública.
Salvador Vega Casillas: "Gracias a la intervención oportuna y a los primeros
hallazgos, se logró detener el otorgamiento de mil 300 créditos que
estaban en trámite y que se presumían, eran irregulares".
Los funcionarios públicos involucrados en estos presuntos fraudes, que
obtuvieron créditos por montos hasta tres veces superiores a los que tenían
derecho, podrían hacerse acreedores a sanciones penales de hasta 12
años de prisión y 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en
caso de que se compruebe su responsabilidad.
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