BATALLA POR EL MATRIMONIO HOMOSEXUAL EN ESPAÑA.
EFE
La equiparación de los matrimonios homosexuales a los heterosexuales,
con adopción incluida, representa un hito en la lucha que desde hace años
vienen librando los colectivos de gays y lesbianas en distintos frentes y que
se ha plasmado en propuestas políticas para tratar de cambiar la
legislación; demandas en los tribunales y ante instancias administrativas,
como por ejemplo la presentación de solicitudes de matrimonio en los
registros que promovió la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGT), en octubre de 2003; y diversas
acciones reivindicativas como las bodas simbólicas que se han celebrado
en algunos ayuntamientos o las manifestaciones en la calle, entre ellas la
del Día del Orgullo Gay, una celebración que ha ido creciendo en los
últimos años en cuanto a número de participantes y que en 2004 congregó
a cientos de miles de personas bajo el lema "Ahora sí", en referencia al
matrimonio homosexual.
La lucha por los derechos de los homosexuales, sin embargo, aunque
desde el principio se planteó entre sus objetivos el reconocimiento del
matrimonio y la adopción, se inició en el marco del debate mas general
sobre las parejas de hecho -tanto homosexuales como heterosexuales- y
su equiparación legal con los matrimonios tradicionales en temas de
propiedad, herencias, impuestos, seguridad social, etc.
A mediados de los 90 comenzaron a funcionar, en algunos ayuntamientos y
comunidades autónomas, los primeros registros de parejas de hecho, en
los que podían inscribirse tanto parejas heterosexuales como
homosexuales.
El ayuntamiento de Vitoria fue el primero que abrió un registro de este tipo,
en marzo de 1994, y también el primero en el que, un mes después, se
inscribió una pareja formada por dos personas del mismo sexo.
Cuatro años después, en 1998, Cataluña se convirtió en la primera
comunidad autónoma en aprobar una Ley de Parejas de Hecho, que
equiparaba los derechos legales, económicos y sociales de los
matrimonios y las uniones extraconyugales, y contemplaba la adopción,
aunque no para las parejas homosexuales.
Le siguieron Aragón (abril de 1999) y Navarra (julio de 2000), que fue la
primera comunidad que incluyó la posibilidad de que las parejas
homosexuales adopten niños. La ley foral navarra entró en vigor el 3 de julio
de 2000, y fue recurrida por tres diputados de UPN y 83 del PP ante el
Tribunal Constitucional, instancia que admitió el recurso, pero no decretó la
suspensión cautelar de la norma, que siguió vigente.
El 28 de marzo de 2001 también las Cortes Valencianas aprobaron, con el
único apoyo del PP, su Ley de Uniones de Hecho, primera sobre el tema en
una comunidad gobernada por el Partido Popular.
Dicha ley no contemplaba que las parejas del mismo sexo pudieran acoger
o adoptar niños, posibilidades que también descartaron las normas de
Baleares y Madrid, aprobadas ambas en diciembre de 2001; así como la ley
canaria, que entró en vigor en marzo de 2003.
Las leyes de Asturias (mayo de 2002), Andalucía (diciembre de 2002) y
Extremadura (marzo de 2003), en cambio, admitieron el acogimiento por
parte de parejas homosexuales; y la ley vasca (mayo de 2003) dio un paso
más y autorizó también la adopción, si bien, fue recurrida, en agosto de
2003, por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional, que ordenó
dejar en suspenso el artículo relativo a ese asunto, suspensión que se
levantó en enero de 2005.
El derecho de las parejas homosexuales a adoptar fue también recogido
por la comunidad de Aragón, en abril de 2004 (ya con el PSOE en el
Gobierno central) mediante una modificación de su ley de Parejas Estables
no Casadas de 1999; y por Cataluña, en marzo de 2005.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, aprobó en febrero de 2005, un
proyecto de ley de Parejas de Hecho, que reconoce a estas uniones el
derecho de acogida y adopción, pero de acuerdo con la regulación que, en
este ámbito, establezca el Gobierno central.
Paralelamente a estas iniciativas en el ámbito autonómico, durante el
Gobierno del PP se produjeron otras a nivel estatal, aunque no llegaron a
prosperar. Así, entre 2000 y 2003, PSOE, IU, el Bloque Nacionalista Galego
(BNG) Iniciativa Per Catalunya-Verds (IC-V) y la Chunta Aragonesista
presentaron varias proposiciones de ley que pretendían básicamente la
modificación de tres artículos el Código Civil (44, 66 y 67), de tal manera
que se cambiaran las referencias al hombre y a la mujer por la palabra
"cónyuges", y que fueron sistemáticamente rechazadas en el Congreso
merced a los votos del PP.
No obstante, pese al veto del PP y la oposición de la Iglesia Católica (la
Conferencia Episcopal incluso instó a los diputados católicos a votar en
contra), se dieron ya algunos pasos importantes en el reconocimiento de
los derechos de las parejas de personas del mismo sexo, como por
ejemplo el derecho de los guardias civiles homosexuales a vivir con sus
parejas en los cuarteles, que fue admitido en noviembre de 2002; o la
sentencia -basada en la ley foral navarra y pionera en España- que dictó, en
febrero de 2004, el Juzgado de Familia de Pamplona, concediendo a una
lesbiana la adopción de las hijas biológicas (dos niñas gemelas) de su
compañera.
EFE
La equiparación de los matrimonios homosexuales a los heterosexuales,
con adopción incluida, representa un hito en la lucha que desde hace años
vienen librando los colectivos de gays y lesbianas en distintos frentes y que
se ha plasmado en propuestas políticas para tratar de cambiar la
legislación; demandas en los tribunales y ante instancias administrativas,
como por ejemplo la presentación de solicitudes de matrimonio en los
registros que promovió la Federación Estatal de Lesbianas, Gays,
Transexuales y Bisexuales (FELGT), en octubre de 2003; y diversas
acciones reivindicativas como las bodas simbólicas que se han celebrado
en algunos ayuntamientos o las manifestaciones en la calle, entre ellas la
del Día del Orgullo Gay, una celebración que ha ido creciendo en los
últimos años en cuanto a número de participantes y que en 2004 congregó
a cientos de miles de personas bajo el lema "Ahora sí", en referencia al
matrimonio homosexual.
La lucha por los derechos de los homosexuales, sin embargo, aunque
desde el principio se planteó entre sus objetivos el reconocimiento del
matrimonio y la adopción, se inició en el marco del debate mas general
sobre las parejas de hecho -tanto homosexuales como heterosexuales- y
su equiparación legal con los matrimonios tradicionales en temas de
propiedad, herencias, impuestos, seguridad social, etc.
A mediados de los 90 comenzaron a funcionar, en algunos ayuntamientos y
comunidades autónomas, los primeros registros de parejas de hecho, en
los que podían inscribirse tanto parejas heterosexuales como
homosexuales.
El ayuntamiento de Vitoria fue el primero que abrió un registro de este tipo,
en marzo de 1994, y también el primero en el que, un mes después, se
inscribió una pareja formada por dos personas del mismo sexo.
Cuatro años después, en 1998, Cataluña se convirtió en la primera
comunidad autónoma en aprobar una Ley de Parejas de Hecho, que
equiparaba los derechos legales, económicos y sociales de los
matrimonios y las uniones extraconyugales, y contemplaba la adopción,
aunque no para las parejas homosexuales.
Le siguieron Aragón (abril de 1999) y Navarra (julio de 2000), que fue la
primera comunidad que incluyó la posibilidad de que las parejas
homosexuales adopten niños. La ley foral navarra entró en vigor el 3 de julio
de 2000, y fue recurrida por tres diputados de UPN y 83 del PP ante el
Tribunal Constitucional, instancia que admitió el recurso, pero no decretó la
suspensión cautelar de la norma, que siguió vigente.
El 28 de marzo de 2001 también las Cortes Valencianas aprobaron, con el
único apoyo del PP, su Ley de Uniones de Hecho, primera sobre el tema en
una comunidad gobernada por el Partido Popular.
Dicha ley no contemplaba que las parejas del mismo sexo pudieran acoger
o adoptar niños, posibilidades que también descartaron las normas de
Baleares y Madrid, aprobadas ambas en diciembre de 2001; así como la ley
canaria, que entró en vigor en marzo de 2003.
Las leyes de Asturias (mayo de 2002), Andalucía (diciembre de 2002) y
Extremadura (marzo de 2003), en cambio, admitieron el acogimiento por
parte de parejas homosexuales; y la ley vasca (mayo de 2003) dio un paso
más y autorizó también la adopción, si bien, fue recurrida, en agosto de
2003, por el Gobierno del PP ante el Tribunal Constitucional, que ordenó
dejar en suspenso el artículo relativo a ese asunto, suspensión que se
levantó en enero de 2005.
El derecho de las parejas homosexuales a adoptar fue también recogido
por la comunidad de Aragón, en abril de 2004 (ya con el PSOE en el
Gobierno central) mediante una modificación de su ley de Parejas Estables
no Casadas de 1999; y por Cataluña, en marzo de 2005.
El Gobierno de Cantabria, por su parte, aprobó en febrero de 2005, un
proyecto de ley de Parejas de Hecho, que reconoce a estas uniones el
derecho de acogida y adopción, pero de acuerdo con la regulación que, en
este ámbito, establezca el Gobierno central.
Paralelamente a estas iniciativas en el ámbito autonómico, durante el
Gobierno del PP se produjeron otras a nivel estatal, aunque no llegaron a
prosperar. Así, entre 2000 y 2003, PSOE, IU, el Bloque Nacionalista Galego
(BNG) Iniciativa Per Catalunya-Verds (IC-V) y la Chunta Aragonesista
presentaron varias proposiciones de ley que pretendían básicamente la
modificación de tres artículos el Código Civil (44, 66 y 67), de tal manera
que se cambiaran las referencias al hombre y a la mujer por la palabra
"cónyuges", y que fueron sistemáticamente rechazadas en el Congreso
merced a los votos del PP.
No obstante, pese al veto del PP y la oposición de la Iglesia Católica (la
Conferencia Episcopal incluso instó a los diputados católicos a votar en
contra), se dieron ya algunos pasos importantes en el reconocimiento de
los derechos de las parejas de personas del mismo sexo, como por
ejemplo el derecho de los guardias civiles homosexuales a vivir con sus
parejas en los cuarteles, que fue admitido en noviembre de 2002; o la
sentencia -basada en la ley foral navarra y pionera en España- que dictó, en
febrero de 2004, el Juzgado de Familia de Pamplona, concediendo a una
lesbiana la adopción de las hijas biológicas (dos niñas gemelas) de su
compañera.
 |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  |
EspectáculosMéxico.com
 |
 |
 |
 |
 |