AENA CONTROLADORES ·
AENA CONTROLADORES
A principios de diciembre de 2009, la directora de Navegación Aérea de
AENA, Carmen Librero, anunció cambios en el convenio de los
controladores españoles con el fin de flexibilizar su estructura y abaratar
costes. También advertía de que la negociación iba a ser un proceso "arduo
y difícil en el que nos jugamos mucho, y que va a crear algunos ruidos".
AENA contaba a finales de 2009 con 2.372 controladores en España, el 20
por ciento de su plantilla, con un coste colectivo de 781 millones y un
salario medio de 350.000 euros anuales.
Además, Librero reclamaba para AENA la capacidad de organización de la
navegación aérea, que hasta esa fecha estaba en manos del sindicato que
representa a los controladores.
El Ministerio de Fomento tomó cartas en el asunto tras las huelgas de celo
encubiertas llevadas a cabo por los controladores desde finales de
diciembre como medida de presión, y ante la amenaza de nuevas acciones
para Semana Santa de 2010, fecha en la que finaliza el convenio vigente.
La intervención del ministro José Blanco puso de manifiesto la arbitrariedad
de la organización de la navegación aérea y los elevados sueldos de los
controladores.
Para poner fin a esta situación, el 5 de febrero de 2010 el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto Ley por el que se regula la prestación de
servicios de tránsito aéreo, se establecen las obligaciones de los
proveedores civiles de dichos servicios y se fijan determinadas condiciones
laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo.
La nueva norma tiene como objetivo garantizar la continuidad, eficacia y
sostenibilidad de la prestación de servicios de tránsito aéreo, así como
abaratar los costes de navegación aérea en España, que es de los más
altos de Unión Europea.
Su tramitación de urgencia responde a la necesidad de afrontar la situación
generada por la ruptura de la negociación del II Convenio Colectivo de los
controladores y por la imposibilidad de atender las necesidades de tránsito
aéreo con los actuales medios. El bloqueo de las negociaciones fue
trasladado por AENA a la Dirección General de Aviación Civil y a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea el 3 de febrero de 2010.
La normativa también pretende devolver a AENA las facultades de
organización del trabajo, que los controladores ostentan desde el I
Convenio Colectivo, que fue firmado el 18 de diciembre de 1998 y publicado
en el BOE el 20 de marzo de 1999. Desde entonces este colectivo de
trabajadores es el que decide la configuración operativa de los
aeródromos, de sus instalaciones y de sus servicios técnicos. Además, se
encarga de la fijación del personal necesario para la prestación de los
servicios, la organización de los turnos de trabajo, los horarios y los
periodos de descansos.
Todo ello ha provocado un incremento de las retribuciones de los
controladores que el ministro de Fomento, José Blanco, cifró en una media
de 350 mil euros anuales por trabajador que, en algún caso, alcanza los
900 mil euros de salario anual. A este incremento de gastos se suma la
posibilidad de pasar a situación de inactividad con 52 años, conservando
las retribuciones en activo con cargo a AENA.
La normativa también responde a las obligaciones impuestas por la UE a
los proveedores de servicios de navegación aérea.
La implantación inmediata de servicios de información de vuelo de
aeródromo AFIS (que proporcionan información útil para la conducción
segura y eficaz del tránsito del aeródromo y en sus inmediaciones) en
aeropuertos de menor volumen de tráfico, la modificación transitoria de
condiciones laborales de los controladores para garantizar la prestación
segura, suficiente y continuada de los servicios mientras se implementa la
reforma o la formación de nuevos controladores, son algunas de las
medidas incluidas en la nueva regulación.
El 25 de febrero de 2010, AENA y la Unión Sindical de Controladores Aéreos
(USCA) anunciaron que a partir del próximo 10 de marzo retomarán las
negociaciones del segundo convenio colectivo. AENA señaló que en la
nueva fase de negociaciones se ceñirá al marco establecido por el decreto
ley del Ministerio de Fomento que USCA rechaza porque, en su opinión,
vulnera el Estatuto de los Trabajadores.
Uno de los principales objetivos de AENA es reducir en 300 millones de
euros su déficit y dejar de tener las tasas y los costes más altos de la UE
para conseguir que se puedan bajar en dos años en un 15 por ciento.
El 24 de marzo de 2010, la Comisión de Fomento del Congreso aprobó por
unanimidad el proyecto de ley que regula la prestación de los servicios de
tránsito aéreo y que toma como base el real decreto aprobado por el
Consejo de Ministros el 5 de febrero anterior.
La norma contempla, entre otros asuntos, retrasar el paso a la reserva de
los controladores aéreos desde los 52 a los 57 años y el paso de una
jornada de trabajo de 1.200 horas anuales con 600 horas extras a otra con
1.750 horas anuales y 80 horas extraordinarias. También pretende reducir
el déficit de AENA y reducir en un 15 por ciento los costes de navegación
aérea en España. Además, devuelve a AENA la capacidad de gestión y
control del tráfico aéreo, que desde 1999 estaba en manos de los
controladores aéreos, y posibilita la negociación de un nuevo convenio
colectivo en el marco de las reformas propuestas por este real decreto, que
será definitivo tras su aprobación por el Senado.
El 14 de abril de 2010, el Senado aprobó por mayoría la nueva ley de tráfico
aéreo con 133 votos a favor y 120 en contra, del Partido Popular, que retrasa
de 52 a 57 años la edad del paso de los controladores a la reserva y
garantizará la seguridad, continuidad, eficacia y sostenibilidad del servicio
aéreo.
El 12 de mayo de 2010, la Audiencia Nacional hizo público el fallo en el que
desestimaba la demanda de conflicto interpuesta por el sindicato de
controladores aéreos USCA contra la Ley aprobada en abril que, entre otros
asuntos, rebajaba sus salarios, abarataba el servicio de tránsito aéreo y
establecía una nueva organización del trabajo de este colectivo.
El 27 de junio de 2010, Aena informaba en un comunicado que los
controladores aéreos continuaban incrementando su absentismo laboral
como medida de presión contra sus nuevas condiciones laborales.
Aena cifraba en un 17 por ciento las bajas registradas en mayo, aunque en
algunas dependencias, como la torre de control del Aeropuerto de Alicante,
el nivel se situaba en el 24 por ciento.
En una comunicación realizada a todos sus asociados, IATA achacaba a
los controladores aéreos los retrasos que se estaban produciendo,
especialmente en Madrid y Canarias, como respuesta a la Ley que ha
modificado sus condiciones laborales.
El 23 de julio de 2010, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto por
el que abría la posibilidad de encomendar el control del tránsito aéreo a
controladores privados ajenos a AENA. Una semana después reguló de
igual forma los tiempos de descanso de los controladores civiles de
tránsito aéreo con 30 minutos cada 2 horas de actividad operativa, 12 horas
entre turnos, entre 48 y 60 horas semanales y al menos 184 horas al mes
divididas en un mínimo de tres periodos.


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