BALTASAR GARZON REAL, magistrado de la Audiencia Nacional
(suspendido cautelarmente de sus funciones por el CGPJ desde el 14 de
mayo de 2010), nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979, ingresó dos
años más tarde en la carrera judicial y obtuvo su primer destino en el
juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino. Tras su
ascenso a magistrado en 1983 fue destinado al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Almería.
Ocupó el cargo de inspector delegado del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) para Andalucía desde el 11 de marzo de 1987 hasta enero
de 1988, cuando fue designado magistrado del juzgado de instrucción de la
Audiencia Nacional.
Baltasar Garzón ha instruido más de una veintena de causas contra la
organización terrorista ETA, siendo el primer juez español que se desplazó
a Francia para interrogar a dirigentes de la banda.
Se encargó del sumario 18/98, que sentó en el banquillo a 52 personas del
entorno de ETA el año 2000, y del sumario 35/02, que tuvo como resultado
la suspensión por tres años de las actividades de Batasuna, en septiembre
de 2002.
Instruyó también casos vinculados con el narcotráfico, como las
operaciones "Nécora" y "Pitón", e inició la investigación contra agentes de la
Unidad Central de Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA), por presuntos
delitos de narcotráfico.
Fue el responsable del encarcelamiento de los policías José Amedo y
Michel Domínguez, en el marco de la instrucción sobre los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) que llevaría a prisión, aunque bajo sumario
del Tribunal Supremo, a ex altos cargos socialistas, entre ellos, el ex
ministro del Interior, José Barrionuevo.
Dio el salto a la política al concurrir como número dos, detrás de Felipe
González, en la candidatura del PSOE por Madrid en las elecciones
generales celebradas en junio de 1993. Tras la victoria electoral de los
socialistas fue nombrado delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, con rango de secretario de Estado.
Diez meses después, el 9 de mayo de 1994, anunció su dimisión y días
más tarde renunció a su acta de diputado, por la "actitud pasiva" del
presidente del Gobierno, Felipe González, respecto a la corrupción y porque
a su juicio este había perdido la confianza en él.
Tras dejar la política regresó a la Audiencia Nacional donde abrió el caso
"GAL", e instruyó, entre otros, los casos "Amedo" y "Segundo Marey".
Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de
procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte
y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, que tuvo como
consecuencia la detención durante casi cinco meses del ex dictador en el
Reino Unido, aunque finalmente no fue extraditado a España.
Antes de viajar a Estados Unidos en condición de excedencia procesó, el
28 de febrero de 2005, a los ex diputados de SA (Sozialista Abertzaleak,
antigua Batasuna) Joseba Álvarez, Joseba Permach y José Antonio
Urrutikoetxea "Josu Ternera", para quien además ordenó la búsqueda y
captura internacional por su presunta pertenencia a ETA.
En los quince meses de excedencia desarrolló actividades de docencia e
investigación sobre temas relacionados con el terrorismo en tres centros
universitarios: New York University School of Law, The Center on Law and
Security y en el Centro Rey Juan Carlos I de España.
Se reincorporó a su trabajo en la Audiencia Nacional el 1 de julio de 2006.
Tras su vuelta a España se hizo cargo de diversos sumarios entre ellos la
instrucción en 2009 del "caso Gurtel", en el que estaban supuestamente
implicados algunos miembros del Partido Popular, y que le acarreó agrias
críticas del principal partido de la oposición.
Otros sumarios le han valido la apertura de varias investigaciones por parte
del CGPJ y dos causas abiertas ante el Tribunal Supremo.
Asi la denuncia presentada ante el Supremo por haber recibido durante su
estancia en Nueva York 1,7 millones de dólares del Banco Santander
mientras investigaba una causa relacionada con esta entidad, le atrajeron
la apertura de un sumario ante el Alto Tribunal.
El juez declaró ante el Supremo el 15 de abril de 2010 para responder por
las acusaciones de cobro de honorarios con cargo al Banco de Santander
durante su estancia en la Universidad de Nueva York. En su declaración,
Garzón negó todas las acusaciones.
Por otra parte la decisión que tomó en octubre de 2008 de declararse
competente para investigar las desapariciones de personas durante la
Guerra Civil y el franquismo contó con la oposición de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional que logró que el 7 de noviembre de 2008 la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional paralizara las exhumaciones.
Finalmente el juez en un auto conocido el 18 de noviembre se inhibió en
favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas.
El episodio acabó en el Tribunal Supremo, ante quien el sindicato
ultraderechista "Manos Limpias" presentó una querella por prevaricación
contra el juez a las que se sumaron las presentadas por la organización
Dignidad y Justicia y Falange Española de las JONS. El 25 de marzo, el
Supremo dio la luz verde para que fuera juzgado por declararse competente
para investigar los crímenes del franquismo y el 7 de abril el Supremo
decidió transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas por
declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo General del Poder Judicial inició el 9 de febrero de 2010 los
trámites para decidir la suspensión cautelar de funciones del juez por las
dos causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. A estas dos causas
se unió una tercera relacionada con la investigación del "caso Gurtel".
Solicitó el 11 de mayo de 2010 al CGPJ su traslado al Tribunal Penal
Internacional (TPI) como "consultor externo" de su Fiscalía tras recibir una
invitación del fiscal jefe de ese órgano, Luis Moreno Ocampo.
El CGPJ le autorizó el 18 de mayo para ocupar ese puesto durante los
próximos siete meses. Sin embargo el órgano no accedió a declararle en
situación de servicios especiales, al considerarlo incompatible con su
suspensión.
Fue suspendido cautelarmente de sus funciones por el CGPJ el 14 de
mayo de 2010 tras serle abierto ante el Tribunal Supremo juicio oral por
declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
La decisión le atrajo la solidaridad de intelectuales y artistas españoles y
organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights
Watch así como la Comisión Internacional de Juristas criticaron la medida.
En 2008 vieron la luz sus dos últimas obras literarias, "La linea del
horizonte: una crónica intima de nuestro tiempo" y "El alma de los
verdugos", este último en colaboración con Vicente Romero Ramírez.
Galardonado con los premios del Foro de Ermua y de la Fundación
Gregorio Ordóñez, ha sido propuesto en varias ocasiones como candidato
al premio Nóbel de la Paz.
(suspendido cautelarmente de sus funciones por el CGPJ desde el 14 de
mayo de 2010), nació en Torres (Jaén) el 26 de octubre de 1955.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla en 1979, ingresó dos
años más tarde en la carrera judicial y obtuvo su primer destino en el
juzgado de la localidad onubense de Valverde del Camino. Tras su
ascenso a magistrado en 1983 fue destinado al Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción de Almería.
Ocupó el cargo de inspector delegado del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) para Andalucía desde el 11 de marzo de 1987 hasta enero
de 1988, cuando fue designado magistrado del juzgado de instrucción de la
Audiencia Nacional.
Baltasar Garzón ha instruido más de una veintena de causas contra la
organización terrorista ETA, siendo el primer juez español que se desplazó
a Francia para interrogar a dirigentes de la banda.
Se encargó del sumario 18/98, que sentó en el banquillo a 52 personas del
entorno de ETA el año 2000, y del sumario 35/02, que tuvo como resultado
la suspensión por tres años de las actividades de Batasuna, en septiembre
de 2002.
Instruyó también casos vinculados con el narcotráfico, como las
operaciones "Nécora" y "Pitón", e inició la investigación contra agentes de la
Unidad Central de Antidroga de la Guardia Civil (UCIFA), por presuntos
delitos de narcotráfico.
Fue el responsable del encarcelamiento de los policías José Amedo y
Michel Domínguez, en el marco de la instrucción sobre los GAL (Grupos
Antiterroristas de Liberación) que llevaría a prisión, aunque bajo sumario
del Tribunal Supremo, a ex altos cargos socialistas, entre ellos, el ex
ministro del Interior, José Barrionuevo.
Dio el salto a la política al concurrir como número dos, detrás de Felipe
González, en la candidatura del PSOE por Madrid en las elecciones
generales celebradas en junio de 1993. Tras la victoria electoral de los
socialistas fue nombrado delegado del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas, con rango de secretario de Estado.
Diez meses después, el 9 de mayo de 1994, anunció su dimisión y días
más tarde renunció a su acta de diputado, por la "actitud pasiva" del
presidente del Gobierno, Felipe González, respecto a la corrupción y porque
a su juicio este había perdido la confianza en él.
Tras dejar la política regresó a la Audiencia Nacional donde abrió el caso
"GAL", e instruyó, entre otros, los casos "Amedo" y "Segundo Marey".
Garzón cobró fama internacional por dictar en 1998 un auto de
procesamiento contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet por la muerte
y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato, que tuvo como
consecuencia la detención durante casi cinco meses del ex dictador en el
Reino Unido, aunque finalmente no fue extraditado a España.
Antes de viajar a Estados Unidos en condición de excedencia procesó, el
28 de febrero de 2005, a los ex diputados de SA (Sozialista Abertzaleak,
antigua Batasuna) Joseba Álvarez, Joseba Permach y José Antonio
Urrutikoetxea "Josu Ternera", para quien además ordenó la búsqueda y
captura internacional por su presunta pertenencia a ETA.
En los quince meses de excedencia desarrolló actividades de docencia e
investigación sobre temas relacionados con el terrorismo en tres centros
universitarios: New York University School of Law, The Center on Law and
Security y en el Centro Rey Juan Carlos I de España.
Se reincorporó a su trabajo en la Audiencia Nacional el 1 de julio de 2006.
Tras su vuelta a España se hizo cargo de diversos sumarios entre ellos la
instrucción en 2009 del "caso Gurtel", en el que estaban supuestamente
implicados algunos miembros del Partido Popular, y que le acarreó agrias
críticas del principal partido de la oposición.
Otros sumarios le han valido la apertura de varias investigaciones por parte
del CGPJ y dos causas abiertas ante el Tribunal Supremo.
Asi la denuncia presentada ante el Supremo por haber recibido durante su
estancia en Nueva York 1,7 millones de dólares del Banco Santander
mientras investigaba una causa relacionada con esta entidad, le atrajeron
la apertura de un sumario ante el Alto Tribunal.
El juez declaró ante el Supremo el 15 de abril de 2010 para responder por
las acusaciones de cobro de honorarios con cargo al Banco de Santander
durante su estancia en la Universidad de Nueva York. En su declaración,
Garzón negó todas las acusaciones.
Por otra parte la decisión que tomó en octubre de 2008 de declararse
competente para investigar las desapariciones de personas durante la
Guerra Civil y el franquismo contó con la oposición de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional que logró que el 7 de noviembre de 2008 la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional paralizara las exhumaciones.
Finalmente el juez en un auto conocido el 18 de noviembre se inhibió en
favor de los juzgados territoriales donde se encuentran las fosas.
El episodio acabó en el Tribunal Supremo, ante quien el sindicato
ultraderechista "Manos Limpias" presentó una querella por prevaricación
contra el juez a las que se sumaron las presentadas por la organización
Dignidad y Justicia y Falange Española de las JONS. El 25 de marzo, el
Supremo dio la luz verde para que fuera juzgado por declararse competente
para investigar los crímenes del franquismo y el 7 de abril el Supremo
decidió transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas por
declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
El Consejo General del Poder Judicial inició el 9 de febrero de 2010 los
trámites para decidir la suspensión cautelar de funciones del juez por las
dos causas que tiene abiertas en el Tribunal Supremo. A estas dos causas
se unió una tercera relacionada con la investigación del "caso Gurtel".
Solicitó el 11 de mayo de 2010 al CGPJ su traslado al Tribunal Penal
Internacional (TPI) como "consultor externo" de su Fiscalía tras recibir una
invitación del fiscal jefe de ese órgano, Luis Moreno Ocampo.
El CGPJ le autorizó el 18 de mayo para ocupar ese puesto durante los
próximos siete meses. Sin embargo el órgano no accedió a declararle en
situación de servicios especiales, al considerarlo incompatible con su
suspensión.
Fue suspendido cautelarmente de sus funciones por el CGPJ el 14 de
mayo de 2010 tras serle abierto ante el Tribunal Supremo juicio oral por
declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
La decisión le atrajo la solidaridad de intelectuales y artistas españoles y
organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y Human Rights
Watch así como la Comisión Internacional de Juristas criticaron la medida.
En 2008 vieron la luz sus dos últimas obras literarias, "La linea del
horizonte: una crónica intima de nuestro tiempo" y "El alma de los
verdugos", este último en colaboración con Vicente Romero Ramírez.
Galardonado con los premios del Foro de Ermua y de la Fundación
Gregorio Ordóñez, ha sido propuesto en varias ocasiones como candidato
al premio Nóbel de la Paz.
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