CAUSAS CONTRA EL ENTORNO DE ETA. PROCESO
EFE
En febrero de 1996, el juez Garzón ordenó el secuestro del vídeo de
campaña electoral de Herri Batasuna (HB) al considerar que su difusión
podía constituir un delito de colaboración con banda armada, del que serían
responsables todos los miembros de la dirección abertzale.
La causa, que derivó al Tribunal Supremo dada la condición de aforados de
algunos de los acusados, condujo a prisión a la totalidad de la Mesa, cada
uno de cuyos miembros fue condenado el 1 de diciembre de 1997 a siete
años de prisión mayor y multa de 500.000 pesetas por colaboración con
banda armada y a la suspensión de cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo que durara la condena. El 20 de julio de 1999 el Pleno del
Tribunal Constitucional acordó, sin embargo, anular la sentencia del
Supremo y ordenó la excarcelación de los responsables de HB.
A mediados de 1998 comenzó a instruir el sumario 18/98, dentro del cual
trató de probar la presunta vinculación entre ETA y diversos grupos de su
entorno.
El magistrado subrayó, y así lo explicaba en un auto judicial de noviembre
de 1998, como a lo largo de más de treinta años de existencia de ETA se
había creado un entramado de organizaciones variadas, dirigidas por la
"vanguardia armada" que había conseguido crear "un movimiento que daba
sentido y explicación a sus postulados".
La instrucción concluyó en julio de 2002, tras cuatro años de investigación
durante los cuales Garzón procesó a un total de 64 personas, clausuró el
diario Egin -reabierto el 1 de octubre de 1999- , declaró la ilicitud de KAS y
de su sucesora EKIN, supuestos aparatos políticos de la banda, e investigó
la actuación del periodista Pepe Rei, a través de la revista Ardi Beltza el
aparato internacional de ETA, XAKI, y el presunto fraude a la Seguridad
social cometido por AEK.
Paralelamente, el magistrado procesó también a otras 45 personas en
otros procedimientos sobre el entorno de ETA que se llevaban de forma
independiente, como los referidos a Gestoras pro Amnistía y su sucesora
Askatasuna, la organización Jarrai-Haika-Segi o la "red de
Herriko-tabernas".
Como resultado de la línea de investigación iniciada, Garzón suspendió el
26 de septiembre de 2002, durante tres años, las actividades de Batasuna.
La medida decretada por Garzón coincidía con el proceso iniciado por el PP
y el PSOE para la ilegalización asimismo de la formación abertzale, según
la ley de Partidos Políticos.
EFE
En febrero de 1996, el juez Garzón ordenó el secuestro del vídeo de
campaña electoral de Herri Batasuna (HB) al considerar que su difusión
podía constituir un delito de colaboración con banda armada, del que serían
responsables todos los miembros de la dirección abertzale.
La causa, que derivó al Tribunal Supremo dada la condición de aforados de
algunos de los acusados, condujo a prisión a la totalidad de la Mesa, cada
uno de cuyos miembros fue condenado el 1 de diciembre de 1997 a siete
años de prisión mayor y multa de 500.000 pesetas por colaboración con
banda armada y a la suspensión de cargo público y derecho de sufragio
durante el tiempo que durara la condena. El 20 de julio de 1999 el Pleno del
Tribunal Constitucional acordó, sin embargo, anular la sentencia del
Supremo y ordenó la excarcelación de los responsables de HB.
A mediados de 1998 comenzó a instruir el sumario 18/98, dentro del cual
trató de probar la presunta vinculación entre ETA y diversos grupos de su
entorno.
El magistrado subrayó, y así lo explicaba en un auto judicial de noviembre
de 1998, como a lo largo de más de treinta años de existencia de ETA se
había creado un entramado de organizaciones variadas, dirigidas por la
"vanguardia armada" que había conseguido crear "un movimiento que daba
sentido y explicación a sus postulados".
La instrucción concluyó en julio de 2002, tras cuatro años de investigación
durante los cuales Garzón procesó a un total de 64 personas, clausuró el
diario Egin -reabierto el 1 de octubre de 1999- , declaró la ilicitud de KAS y
de su sucesora EKIN, supuestos aparatos políticos de la banda, e investigó
la actuación del periodista Pepe Rei, a través de la revista Ardi Beltza el
aparato internacional de ETA, XAKI, y el presunto fraude a la Seguridad
social cometido por AEK.
Paralelamente, el magistrado procesó también a otras 45 personas en
otros procedimientos sobre el entorno de ETA que se llevaban de forma
independiente, como los referidos a Gestoras pro Amnistía y su sucesora
Askatasuna, la organización Jarrai-Haika-Segi o la "red de
Herriko-tabernas".
Como resultado de la línea de investigación iniciada, Garzón suspendió el
26 de septiembre de 2002, durante tres años, las actividades de Batasuna.
La medida decretada por Garzón coincidía con el proceso iniciado por el PP
y el PSOE para la ilegalización asimismo de la formación abertzale, según
la ley de Partidos Políticos.
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