INVESTIGACIÓN CRÍMENES DE LA GUERRA CIVIL Y DEL FRANQUISMO.-

Su decisión de declararse competente para investigar los crímenes de la
Guerra Civil y del Franquismo, le valió una nueva querella por prevaricación,
presentada por el sindicato ultraderechista "Manos Limpias" el 27 de mayo
de 2009.
A esta querella el Supremo acumuló otra presentada por la organización
"Libertad e Identidad", y admitida a trámite el 24 de junio de 2009, y otra de
Falange Española de las JONS, admitida el 13 de enero de 2010.
El auto judicial del magistrado Luciano Varela, dado a conocer el 7 de abril
de 2010, por el que se acordaba transformar en procedimiento abreviado
las diligencias abiertas al juez, dejaba vía libre para sentarle en el banquillo.
Las acusaciones entregaron sus escritos de acusaciones el 19 y el 20 de
abril en los que pedían 20 años de inhabilitación para el juez Garzón.
El instructor del caso, el magistrado Luciano Varela, reclamó a las
acusaciones que subsanasen los errores que contenían sus escritos de
acusación, y el día 23 de abril expulsó del caso a la Falange pero no a
Manos Limpias, que actúa en este proceso conjuntamente con la
asociación Libertad e Identidad.
Esta circunstancia motivó que el 24 de abril el juez Garzón interpusiera un
recurso contra el juez Varela por, en su opinión, asesorar a la acusación y le
acusó de parcialidad.
El magistrado Luciano Varela, da curso a la recusación planteada contra él
por Garzón el 28 de abril 2010. Ese día el juez de la Audiencia Nacional
pidió que se expulse a Manos Limpias de la causa y que se tenga por no
presentado su escrito de acusación.
El magistrado Andrés Martínez Arrieta, a quien el Supremo encargó el
recurso de Garzón, inadmitió la recusación de plano, sin necesidad de
tramitarla el 7 de mayo de 2010, en una decisión que no admitía recurso.
Luciano Varela ordena el 12 de mayo de 2010 la apertura de juicio oral
contra Garzón y envía el auto al CGPJ que decide suspenderle
cautelarmente el 14 de mayo. La Fiscalía pidió al Tribunal Supremo la
absolución de Garzón el 17 de mayo.
La decisión del CGPJ le atrajo la solidaridad de intelectuales y artistas
españoles y organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch así como la Comisión Internacional de Juristas
criticaron la medida.
Por su parte la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, le
mostró su apoyo en una entrevista celebrada con el juez en la Embajada de
su país en Madrid el 17 de mayo de 2010.
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