QUERELLAS PRESENTADAS CONTRA GARZÓN POR LOS
EMOLUMENTOS RECIBIDOS DURANTE SU PERMISO ACADÉMICO
EFE
El caso tiene su origen en una denuncia por cohecho presentada por los
letrados José Luis Mazón y Antonio Panea ante el Tribunal Supremo por los
ingresos recibidos por el magistrado durante su permiso académico en
Nueva York, entre 2005 y 2006.
Según estos letrados, Garzón "gestionó y obtuvo" dinero del Banco de
Santander para el patrocinio de sus conferencias en la Universidad de
Nueva York y la escolarización de su hija y después intervino en una
querella interpuesta contra los responsables de este banco.
El Supremo archivó la querella el 9 de marzo de 2009 aunque la remitió al
CGPJ porque el juez de la Audiencia Nacional no comunicó al órgano de
gobierno de los jueces el cobro de 203.000 dólares en concepto de sueldo
a través de nómina.
En una nueva decisión del Supremo tomada el 2 de junio de 2009, el Alto
Tribunal ordenó al CGPJ reabrir la investigación al considerar que los
hechos denunciados tienen una "gravedad evidente", lo que exigía su
comprobación antes de archivarlos. El CGPJ acordó, el 9 de junio de 2009,
incoarle diligencias informativas para seguir investigando la denuncia,
finalmente archivadas el 2 de julio. Esta decisión fue confirmada por el
Tribunal Supremo el 17 de febrero de 2010.
Los mismos abogados que se querellaron contra el juez presentaron una
nueva denuncia por los posibles delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
La nueva querella estaba basada en nuevos datos conocidos después de
que el Supremo archivara el pasado mes de marzo la primera denuncia.
En concreto, en su denuncia indican que la página de internet de la
Universidad de Nueva York señala que Garzón obtuvo del Santander
302.000 dólares para el patrocinino.
Además, los denunciantes consideran como un "posible cohecho
independiente" que Garzón recibiera los gastos de la matrícula de su hija
en la escuela internacional de Naciones Unidas de la dotación de las
jornadas que él dirigía, así como los gastos de transporte, superando
ambas partidas los 40.000 dólares.
En una providencia hecha pública el 18 de septiembre de 2009, el Alto
Tribunal acordó solicitar al Banco de Santander y a la Universidad de Nueva
York datos sobre los ingresos que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y
2006, para decidir si admitían o no a trámite la querella.
Al citado centro universitario le reclamó la contabilidad detallada del empleo
de las cantidades entregadas en concepto de patrocinio por el Grupo
Santander y las razones por las que hace constar en la pagina web que
Garzón "obtuvo los fondos necesarios" para dos series de coloquios que
pronunció.
Los denunciantes de Garzón pidieron el 17 de diciembre de 2009 al CGPJ
que reabriera la investigación sobre este asunto y la suspensión de
funciones del magistrado. La petición se sustentaba en la correspondencia
mantenida entre Garzón y el presidente del Banco de Santander, Emilio
Botín.
En las cartas el magistrado se dirigía a Botín como "Querido Emilio" lo que,
en su opinión, "deja traslucir su estrecha amistad". El GGPJ anunció el 22
de diciembre que estudiaría la denuncia presentada.
Por su parte el Tribunal Supremo dio, el 18 de diciembre de 2009, un plazo
de 5 días al fiscal y a las partes personadas en la querella para que
formulasen sus alegaciones.
El 9 de febrero de 2010 el CGPJ inició los trámites para decidir la
suspensión cautelar de funciones del juez por esta causa y por la segunda
causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo: su decisión de declararse
competente para investigar los crímenes del franquismo y de la dictadura.
A estas dos causas se sumó el 25 de febrero de 2010 la admisión a trámite
de una querella por prevaricación presentada por el abogado de un
empresario imputado en el "caso Gurtel", por ordenar la grabación de las
comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus
defensores.
El Tribunal Supremo rechazó, el 22 de febrero de 2010, su recurso contra la
admisión a trámite de la querella por prevaricación que por este caso
interpusieron contra él los dos abogados demandantes.
El magistrado remitió el 3 de marzo de 2010 al Supremo un escrito de la
Universidad de Nueva York que indica, según su abogado, que ni pidió ni
recibió dinero del Banco Santander.
Finalmente el Tribunal Supremo le citó para tomarle declaración como
imputado el 15 de abril de 2010. Ese día Garzón negó que hubiera
percibido cantidad alguna de la entidad bancaria.
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, declaró ante el Tribunal
Supremo el 19 de mayo de 2010. en su declaración negó que la entidad
bancaria que preside destinase dinero a pagos al juez Baltasar Garzón ni
que tratase cuestiones económicas con él, sino con la Universidad de
Nueva York.
Manuel Marchena, magistrado instructor de la causa, tomó declaración el
10 de junio 2010 a la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I de la
Universidad de Nueva York, Laura Turégano, a la que solicitó que aporte los
justificantes de las retribuciones recibidas por Garzón.
La investigación de los cobros al Santander y Cepsa fue extendida por el
instructor del caso a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña.
Por esta razón el juez requirió a esas entidades en junio de 2010 que
certificaran las cantidades abonadas "por cualquier concepto" a la
Universidad de Nueva York durante el período en el que Garzón permaneció
como docente en ese centro.
El 13 de julio declaró ante el Tribunal Supremo como testigo el ex
presidente de Endesa Manuel Pizarro. En su declaración Pizarro negó
haber hablado con Garzón sobre el patrocinio de los cursos.
El día siguiente fue el turno del presidente del BBVA, Francisco González,
quien afirmó que se aseguró de que la donación de 200.000 dólares para
patrocinar los cursos que hizo su banco no fuera para pagar al juez.
EMOLUMENTOS RECIBIDOS DURANTE SU PERMISO ACADÉMICO
EFE
El caso tiene su origen en una denuncia por cohecho presentada por los
letrados José Luis Mazón y Antonio Panea ante el Tribunal Supremo por los
ingresos recibidos por el magistrado durante su permiso académico en
Nueva York, entre 2005 y 2006.
Según estos letrados, Garzón "gestionó y obtuvo" dinero del Banco de
Santander para el patrocinio de sus conferencias en la Universidad de
Nueva York y la escolarización de su hija y después intervino en una
querella interpuesta contra los responsables de este banco.
El Supremo archivó la querella el 9 de marzo de 2009 aunque la remitió al
CGPJ porque el juez de la Audiencia Nacional no comunicó al órgano de
gobierno de los jueces el cobro de 203.000 dólares en concepto de sueldo
a través de nómina.
En una nueva decisión del Supremo tomada el 2 de junio de 2009, el Alto
Tribunal ordenó al CGPJ reabrir la investigación al considerar que los
hechos denunciados tienen una "gravedad evidente", lo que exigía su
comprobación antes de archivarlos. El CGPJ acordó, el 9 de junio de 2009,
incoarle diligencias informativas para seguir investigando la denuncia,
finalmente archivadas el 2 de julio. Esta decisión fue confirmada por el
Tribunal Supremo el 17 de febrero de 2010.
Los mismos abogados que se querellaron contra el juez presentaron una
nueva denuncia por los posibles delitos de cohecho, prevaricación y estafa.
La nueva querella estaba basada en nuevos datos conocidos después de
que el Supremo archivara el pasado mes de marzo la primera denuncia.
En concreto, en su denuncia indican que la página de internet de la
Universidad de Nueva York señala que Garzón obtuvo del Santander
302.000 dólares para el patrocinino.
Además, los denunciantes consideran como un "posible cohecho
independiente" que Garzón recibiera los gastos de la matrícula de su hija
en la escuela internacional de Naciones Unidas de la dotación de las
jornadas que él dirigía, así como los gastos de transporte, superando
ambas partidas los 40.000 dólares.
En una providencia hecha pública el 18 de septiembre de 2009, el Alto
Tribunal acordó solicitar al Banco de Santander y a la Universidad de Nueva
York datos sobre los ingresos que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón recibió durante su permiso académico en Nueva York, entre 2005 y
2006, para decidir si admitían o no a trámite la querella.
Al citado centro universitario le reclamó la contabilidad detallada del empleo
de las cantidades entregadas en concepto de patrocinio por el Grupo
Santander y las razones por las que hace constar en la pagina web que
Garzón "obtuvo los fondos necesarios" para dos series de coloquios que
pronunció.
Los denunciantes de Garzón pidieron el 17 de diciembre de 2009 al CGPJ
que reabriera la investigación sobre este asunto y la suspensión de
funciones del magistrado. La petición se sustentaba en la correspondencia
mantenida entre Garzón y el presidente del Banco de Santander, Emilio
Botín.
En las cartas el magistrado se dirigía a Botín como "Querido Emilio" lo que,
en su opinión, "deja traslucir su estrecha amistad". El GGPJ anunció el 22
de diciembre que estudiaría la denuncia presentada.
Por su parte el Tribunal Supremo dio, el 18 de diciembre de 2009, un plazo
de 5 días al fiscal y a las partes personadas en la querella para que
formulasen sus alegaciones.
El 9 de febrero de 2010 el CGPJ inició los trámites para decidir la
suspensión cautelar de funciones del juez por esta causa y por la segunda
causa que tiene abierta en el Tribunal Supremo: su decisión de declararse
competente para investigar los crímenes del franquismo y de la dictadura.
A estas dos causas se sumó el 25 de febrero de 2010 la admisión a trámite
de una querella por prevaricación presentada por el abogado de un
empresario imputado en el "caso Gurtel", por ordenar la grabación de las
comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama con sus
defensores.
El Tribunal Supremo rechazó, el 22 de febrero de 2010, su recurso contra la
admisión a trámite de la querella por prevaricación que por este caso
interpusieron contra él los dos abogados demandantes.
El magistrado remitió el 3 de marzo de 2010 al Supremo un escrito de la
Universidad de Nueva York que indica, según su abogado, que ni pidió ni
recibió dinero del Banco Santander.
Finalmente el Tribunal Supremo le citó para tomarle declaración como
imputado el 15 de abril de 2010. Ese día Garzón negó que hubiera
percibido cantidad alguna de la entidad bancaria.
El presidente del Banco Santander, Emilio Botín, declaró ante el Tribunal
Supremo el 19 de mayo de 2010. en su declaración negó que la entidad
bancaria que preside destinase dinero a pagos al juez Baltasar Garzón ni
que tratase cuestiones económicas con él, sino con la Universidad de
Nueva York.
Manuel Marchena, magistrado instructor de la causa, tomó declaración el
10 de junio 2010 a la subdirectora del Centro Rey Juan Carlos I de la
Universidad de Nueva York, Laura Turégano, a la que solicitó que aporte los
justificantes de las retribuciones recibidas por Garzón.
La investigación de los cobros al Santander y Cepsa fue extendida por el
instructor del caso a Endesa, BBVA, Telefónica y Caixa Cataluña.
Por esta razón el juez requirió a esas entidades en junio de 2010 que
certificaran las cantidades abonadas "por cualquier concepto" a la
Universidad de Nueva York durante el período en el que Garzón permaneció
como docente en ese centro.
El 13 de julio declaró ante el Tribunal Supremo como testigo el ex
presidente de Endesa Manuel Pizarro. En su declaración Pizarro negó
haber hablado con Garzón sobre el patrocinio de los cursos.
El día siguiente fue el turno del presidente del BBVA, Francisco González,
quien afirmó que se aseguró de que la donación de 200.000 dólares para
patrocinar los cursos que hizo su banco no fuera para pagar al juez.
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