Convierten a Miami en corte latinoamericana de justicia
Miami se convirtió en 2008 en una suerte de corte de justicia
latinoamericana donde se ventilan cada vez más juicios de
prominentes personajes de la vida política y social de América
Latina.
Esta especie de paraíso de veraneo a la orilla del Atlántico para
un gran número de acaudalados latinoamericanos hizo titulares
por los explosivos procesos judiciales en sus tribunales que
tuvieron como protagonistas tanto a políticos como empresarios y
narcotraficantes.
Casos como el del ex presidente de Bolivia, Gonzálo Sánchez de
Lozada acusado de violaciones a los derechos humanos, o el
llamado "valijagate" que sacudió con revelaciones de corrupción
a los gobiernos de Venezuela y Argentina, así lo confirman.
También dieron cuenta de ello, el proceso judicial contra el ex
general panameño Manuel Noriega, cuya extradición es
disputada por Francia y Panamá, así como procesos contra los
"cabecillas" de los cárteles colombianos de las drogas.
El juicio del "valijagate" fue sin duda el que más despertó el
interés continental y decenas de periodistas fueron enviados a
esta ciudad para seguir de cerca el proceso que se convirtió en
una especie de historia oral de la industria de corrupción en
Venezuela.
El proceso contra al empresario venezolano Franklin Durán
destapó detalles pocas veces vistos en un tribunal de una
presunta operación de sobornos y tráfico de influencias contada
por los protagonistas bajo juramento en la que se movían cifras
multimillonarias.
Durán, un joven empresario millonario, fue hallado culpable en
noviembre tras un proceso legal de ocho semanas por actuar en
forma ilegal como agente de Venezuela y conspirar para acallar a
su socio Alejandro Antonini sobre el origen y destino de 800 mil
dólares que le fueron confiscados en Argentina en agosto de
2007.
Uno de los testimonios clave fue el de Carlos Kauffmann, quien
afrontaba los mismos cargos que Durán, pero que se declaró
culpable y aceptó cooperar con la Fiscalía Federal en el juicio
contra su socio.
Kauffmann y Durán eran socios, dueños de la petroquímica
Venoco, y mantenían negocios con algunas empresas estatales y
vínculos con funcionarios venezolanos.
Por esos nexos el gobierno del presidente Hugo Chávez les
encargó viajar a Miami a silenciar a Antonini a cambio de "más
negocios y más poder", según reveló Kauffmann.
Kauffmann destapó una red de corrupción que incluía a
funcionarios, militares y políticos de su país, entre ellos Tobías
Nobrega, Ministro de Finanzas, así como Víctor José Medina,
Orestes Arellano y Oscar Silva, todos ellos oficiales de la Guardia
Nacional.
Antonini, quien no afrontó cargos, fue el testigo estrella de la
Fiscalía Federal y en su testimonio dijo que en el avión en el que
aterrizó en Argentina había otra maleta con 4.2 millones de
dólares.
Otro de los acusados, el abogado Moisés Maiónica, que también
se declaró culpable, involucró al presidente Hugo Chávez al
afirmar que éste había encargado al servicio de seguridad Disip
asumir el caso cuando estalló el escándalo.
Tanto Antonini como Maiónica declararon que los 800 mil dólares
eran de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y eran una
contribución de Chávez a la campaña electoral de la actual
presidente de Argentina, Cristina Fernández.
Maiónica fue sentenciado a dos años de prisión; Kauffman a 18
meses de cárcel y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, que
tembién se declaró culpable a dos años y 10 meses de prisión.
La fecha de sentencia de Durán está fijada para el próximo 12 de
enero y enfrenta una pena de 15 años de cárcel. El quinto
implicado el venezolano José Canchica que trabajaba para la
Disip se encuentra prófugo en Venezuela.
Otro caso está relacionado con el ex presidente boliviano Gonzálo
Sánchez de Lozada, quien junto a su ex ministro Carlos Sánchez,
afronta una acusación por daños civiles de familiares de víctimas
de los disturbios de 2003 que provocaron su salida del poder.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín han pedido al juez federal
Alberto Jordán desestimar la demanda civil separada en su
contra y un veredicto podría generarse en los primeros meses de
2009.
La querella en su contra presentada por 10 ciudadanos
bolivianos los acusa de asesinatos extrajudiciales y crímenes
contra la humanidad bajo las leyes estadunidenses, que
permiten demandas civiles por violaciones humanitarias.
Los sucesos ocurrieron durante los disturbios que causaron la
caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, en
medio de protestas contra un plan gubernamental de exportación
de gas que fueron sofocadas por el Ejército, lo que dejó más de
60 muertos.
Por su parte, el ex general panameño Manuel Antonio Noriega
debe regresar en los primeros días de enero a un tribunal de
apelaciones para que sus abogados presenten los argumentos
en contra de su extradición a Francia, país en el que fue juzgado
en ausencia por lavado de dinero.
El recurso fue presentado por su abogados una vez que un juez
federal le negó a su cliente un recurso de "hábeas corpus" para
evitar ser enviado a Francia.
Noriega que fue detenido por Estados Unidos tras la invasión de
1989 a Panamá, enjuiciado y encarcelado aquí por narcotráfico,
está ahora bajo custodia a la espera de que se resuelva la
petición de extradición francesa y también de Panamá.
No menos notorios son los procesos de la justicia
estadunidense contra los prominentes ex jefes paramilitares y
narcotraficantes colombianos.
En octubre pasado fueron condenados los ex jefes paramilitares,
Ramiro "Cuco" Vanoy y Francisco Javier Zuluaga, "Gordolindo", a
24 y 21 años de prisión en forma respectiva por los delitos de
tráfico de drogas y lavado de activos.
La pena es mayor a la que hubieran pagado en Colombia dentro
del proceso de Justicia y Paz por los crímenes cometidos como
paramilitares. Los dos son los primeros condenados del grupo
de 14 extraditados el pasado 13 mayo por cargos de narcotráfico.
El resto tiene pendientes procesos en otras cortes del país.
Ambos fueron acusados por tres cargos de conspiración para
importar y distribuir cocaína desde Colombia, Las Bahamas,
México, hacia el sur de la Florida, entre el 17 de diciembre de
1997 y el 4 de noviembre de 1999. Tanto Zuluaga como Vanoy se
habían declarado culpables de los cargos en julio de este año.
Otro proceso es el del prominente narcotraficante colombiano
Diego León Montoya, jefe del cártel de Norte del Valle, quien
acaba de llegar extraditado desde Colombia bajo cargos de
tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinato. La justicia le ha
negado fianza.
Miami se convirtió en 2008 en una suerte de corte de justicia
latinoamericana donde se ventilan cada vez más juicios de
prominentes personajes de la vida política y social de América
Latina.
Esta especie de paraíso de veraneo a la orilla del Atlántico para
un gran número de acaudalados latinoamericanos hizo titulares
por los explosivos procesos judiciales en sus tribunales que
tuvieron como protagonistas tanto a políticos como empresarios y
narcotraficantes.
Casos como el del ex presidente de Bolivia, Gonzálo Sánchez de
Lozada acusado de violaciones a los derechos humanos, o el
llamado "valijagate" que sacudió con revelaciones de corrupción
a los gobiernos de Venezuela y Argentina, así lo confirman.
También dieron cuenta de ello, el proceso judicial contra el ex
general panameño Manuel Noriega, cuya extradición es
disputada por Francia y Panamá, así como procesos contra los
"cabecillas" de los cárteles colombianos de las drogas.
El juicio del "valijagate" fue sin duda el que más despertó el
interés continental y decenas de periodistas fueron enviados a
esta ciudad para seguir de cerca el proceso que se convirtió en
una especie de historia oral de la industria de corrupción en
Venezuela.
El proceso contra al empresario venezolano Franklin Durán
destapó detalles pocas veces vistos en un tribunal de una
presunta operación de sobornos y tráfico de influencias contada
por los protagonistas bajo juramento en la que se movían cifras
multimillonarias.
Durán, un joven empresario millonario, fue hallado culpable en
noviembre tras un proceso legal de ocho semanas por actuar en
forma ilegal como agente de Venezuela y conspirar para acallar a
su socio Alejandro Antonini sobre el origen y destino de 800 mil
dólares que le fueron confiscados en Argentina en agosto de
2007.
Uno de los testimonios clave fue el de Carlos Kauffmann, quien
afrontaba los mismos cargos que Durán, pero que se declaró
culpable y aceptó cooperar con la Fiscalía Federal en el juicio
contra su socio.
Kauffmann y Durán eran socios, dueños de la petroquímica
Venoco, y mantenían negocios con algunas empresas estatales y
vínculos con funcionarios venezolanos.
Por esos nexos el gobierno del presidente Hugo Chávez les
encargó viajar a Miami a silenciar a Antonini a cambio de "más
negocios y más poder", según reveló Kauffmann.
Kauffmann destapó una red de corrupción que incluía a
funcionarios, militares y políticos de su país, entre ellos Tobías
Nobrega, Ministro de Finanzas, así como Víctor José Medina,
Orestes Arellano y Oscar Silva, todos ellos oficiales de la Guardia
Nacional.
Antonini, quien no afrontó cargos, fue el testigo estrella de la
Fiscalía Federal y en su testimonio dijo que en el avión en el que
aterrizó en Argentina había otra maleta con 4.2 millones de
dólares.
Otro de los acusados, el abogado Moisés Maiónica, que también
se declaró culpable, involucró al presidente Hugo Chávez al
afirmar que éste había encargado al servicio de seguridad Disip
asumir el caso cuando estalló el escándalo.
Tanto Antonini como Maiónica declararon que los 800 mil dólares
eran de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) y eran una
contribución de Chávez a la campaña electoral de la actual
presidente de Argentina, Cristina Fernández.
Maiónica fue sentenciado a dos años de prisión; Kauffman a 18
meses de cárcel y el uruguayo Rodolfo Wanseele Paciello, que
tembién se declaró culpable a dos años y 10 meses de prisión.
La fecha de sentencia de Durán está fijada para el próximo 12 de
enero y enfrenta una pena de 15 años de cárcel. El quinto
implicado el venezolano José Canchica que trabajaba para la
Disip se encuentra prófugo en Venezuela.
Otro caso está relacionado con el ex presidente boliviano Gonzálo
Sánchez de Lozada, quien junto a su ex ministro Carlos Sánchez,
afronta una acusación por daños civiles de familiares de víctimas
de los disturbios de 2003 que provocaron su salida del poder.
Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín han pedido al juez federal
Alberto Jordán desestimar la demanda civil separada en su
contra y un veredicto podría generarse en los primeros meses de
2009.
La querella en su contra presentada por 10 ciudadanos
bolivianos los acusa de asesinatos extrajudiciales y crímenes
contra la humanidad bajo las leyes estadunidenses, que
permiten demandas civiles por violaciones humanitarias.
Los sucesos ocurrieron durante los disturbios que causaron la
caída del gobierno de Sánchez de Lozada en octubre de 2003, en
medio de protestas contra un plan gubernamental de exportación
de gas que fueron sofocadas por el Ejército, lo que dejó más de
60 muertos.
Por su parte, el ex general panameño Manuel Antonio Noriega
debe regresar en los primeros días de enero a un tribunal de
apelaciones para que sus abogados presenten los argumentos
en contra de su extradición a Francia, país en el que fue juzgado
en ausencia por lavado de dinero.
El recurso fue presentado por su abogados una vez que un juez
federal le negó a su cliente un recurso de "hábeas corpus" para
evitar ser enviado a Francia.
Noriega que fue detenido por Estados Unidos tras la invasión de
1989 a Panamá, enjuiciado y encarcelado aquí por narcotráfico,
está ahora bajo custodia a la espera de que se resuelva la
petición de extradición francesa y también de Panamá.
No menos notorios son los procesos de la justicia
estadunidense contra los prominentes ex jefes paramilitares y
narcotraficantes colombianos.
En octubre pasado fueron condenados los ex jefes paramilitares,
Ramiro "Cuco" Vanoy y Francisco Javier Zuluaga, "Gordolindo", a
24 y 21 años de prisión en forma respectiva por los delitos de
tráfico de drogas y lavado de activos.
La pena es mayor a la que hubieran pagado en Colombia dentro
del proceso de Justicia y Paz por los crímenes cometidos como
paramilitares. Los dos son los primeros condenados del grupo
de 14 extraditados el pasado 13 mayo por cargos de narcotráfico.
El resto tiene pendientes procesos en otras cortes del país.
Ambos fueron acusados por tres cargos de conspiración para
importar y distribuir cocaína desde Colombia, Las Bahamas,
México, hacia el sur de la Florida, entre el 17 de diciembre de
1997 y el 4 de noviembre de 1999. Tanto Zuluaga como Vanoy se
habían declarado culpables de los cargos en julio de este año.
Otro proceso es el del prominente narcotraficante colombiano
Diego León Montoya, jefe del cártel de Norte del Valle, quien
acaba de llegar extraditado desde Colombia bajo cargos de
tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinato. La justicia le ha
negado fianza.
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