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CASO CARAVANA DE LA MUERTE
FECHAS RELEVANTES: 8.06.1999/ Apertura de auto de procesamiento
sobre el caso "caravana de la muerte". 08.08.2000/ Desafuero de Pinochet
por 14 votos a 6. 23.01.2001/ Pinochet es interrogado por el juez Guzmán.
25.01.2001/ El general Joaquín Lagos acusa públicamente a Pinochet de
las muertes en su jurisdicción. 29.01.2001/ El juez dicta el procesamiento y
arresto domiciliario de Pinochet como coautor de 18 desapariciones y 57
homicidios. 8.03.2001/La Corte de Apelaciones rebaja la calificación del
delito imputado a Pinochet a la de "encubridor". 9.07.2001/ La Corte de
Apelaciones sobresee temporalmente a Pinochet por razones de salud.
01.07.2002/ Por cuatro votos a uno, la Corte Suprema sobresee
definitivamente a Pinochet. 11.01.2006/Pinochet es nuevamente desaforado
por dos homicidios de la "Caravana". 17.07.2006/ La Corte Suprema ratifica
el desafuero. 27.11.2006/ Pinochet es procesado y queda bajo arresto
domiciliario. 04.12.2006/ Pinochet logra la libertad provisional tras un
ataque cardiaco.
........................................
ESQUEMA: - Procesamiento de Augusto Pinochet - Demás Procesados
(año de actualización: 2003) - Historia de la "Caravana de la muerte" -
Libros sobre el caso
--------------------------------------------------------------------------------
El caso "Caravana de la muerte" constituye la primera vinculación del ex
dictador chileno Augusto Pinochet con los abusos perpetrados durante su
régimen y está considerado como el "acto fundacional" de la dictadura.
La "caravana" fue una comitiva militar dirigida por el general Arellano Stark,
por delegación expresa de Pinochet, que recorrió en octubre de 1973, un
mes después del golpe contra Salvador Allende, las provincias de Calama,
Antofagasta, Copiapó, La Serena y Cauquenes en un helicóptero con la
misión de ejecutar sin juicio previo a 75 presos políticos.
Tras procesar a los integrantes de la "caravana", en junio de 1999, el juez
Juan Guzmán tuvo que superar presiones, quejas disciplinarias de la
defensa, amonestaciones de la Corte Suprema y hasta belicosos actos de
protesta de los partidarios de Pinochet. Asimismo, Guzmán recorrió el árido
desierto del norte de Chile buscando las osamentas de los ejecutados.
El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema de Chile confirmó el sobreseimiento
de Pinochet en el caso, a causa de la "demencia vascular" que éste
padece. La ratificación tuvo lugar un año después de que la Corte de
Apelaciones de Santiago sobreseyera temporalmente a Pinochet por
razones de salud. No obstante, el procesamiento de los demás militares
involucrados siguió su curso.
Sin embargo, en enero de 2006, Pinochet fue nuevamente desaforado por
dos homicidios de la "Caravana". El desafuero fue ratificado en julio
siguiente por la Corte Suprema. En noviembre de 2006, Pinochet fue
procesado y puesto bajo arresto domiciliario por el secuestro y homicidio
de dos presos políticos de la "Caravana".
El 4 de diciembre de 2006, consiguió la libertad condicional tras sufrir el día
antes un ataque cardiaco. Jlc/doc
......................................................
PROCESAMIENTO DE PINOCHET POR EL CASO "CARAVANA"
El 29 de enero de 2001, el juez Juan Guzmán dictó el procesamiento y
arresto domiciliario de Pinochet como coautor de 18 secuestros calificados
(desapariciones) y 57 homicidios en el caso "Caravana de la Muerte". Días
después, el 8 de marzo de 2001, la Corte de Apelaciones confirmó el
procesamiento pero rebajó la calificación del delito imputado a Pinochet de
"autor", como había determinado el juez Guzmán, a "encubridor".
El principal testimonio sobre el caso partió del general retirado Joaquín
Lagos Osorio, ex jefe de la división Antofagasta del Ejército chileno, quien el
25 de enero del mismo año de 2001 responsabilizó públicamente a
Augusto Pinochet por los 14 asesinatos cometidos por la "Caravana de la
Muerte" en octubre de 1973 en su jurisdicción. Sus declaraciones se
produjeron dos días después de que Pinochet culpara a los jefes militares
regionales de los fusilamientos de la "caravana" durante el interrogatorio al
que el juez Juan Guzmán sometió al ex dictador.
De las más de 300 querellas contra Pinochet en Chile, el caso "caravana"
era el que más indicios aportaba de su responsabilidad en los abusos del
régimen. La apertura de auto de procesamiento sobre el caso, considerado
emblemático de la represión posterior al golpe, tuvo lugar el 8 de junio de
1999 y llevó al desafuero del hasta entonces senador vitalicio, en agosto de
2000. La pieza clave con que contaba el juez Guzmán era un documento
que el general Joaquín Lagos guardó durante 27 años.
En declaraciones a la Televisión Nacional chilena, el general Lagos afirmó
que la comitiva militar presidida por el general Sergio Arellano Stark pasó
por Antofogasta a principios de octubre de 1973 y asesinó a 14 prisioneros
"a sus espaldas". Al día siguiente de la matanza en su jurisdicción, Lagos
exigió a Arellano Stark explicaciones y le impidió salir de Antofagasta, a lo
que el general sacó de su manga "el oficio mediante el cual el comandante
en jefe le nombró delegado", cargo que tenía amplias facultades.
Posteriormente, el general Lagos fue convocado a Santiago por Pinochet y
se le pidió una lista con los ejecutados en su zona. En esa relación, Lagos
diferenció a quienes fueron fusilados tras realizarles consejos de guerra y
los que fueron ejecutados por orden del delegado del comandante en jefe.
Sin embargo, Pinochet le ordenó rehacer la lista sin distinciones y firmarla,
"con lo cual pasaba a ser yo el responsable de todos los crímenes que se
cometieron en mi zona jurisdiccional y así se lo hice ver" declaró Joaquín
Lagos. El general Lagos hizo finalmente la nueva lista, pero guardó durante
27 años el documento original, el cual fue mostrado a Pinochet por el juez
Guzmán durante el interrogatorio el 23 de enero de 2001. El ex dictador
reconoció el escrito, pero negó su responsabilidad en los crímenes y culpó
en cambio a sus subalternos.
El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema de Chile confirmó el sobreseimiento
del ex dictador en el caso, basándose en la "demencia vascular" que éste
padece. Nueve meses después, el 10 de abril de 2003, fallecía el general
Joaquín Lagos. Sus acusaciones contra Pinochet fueron recogidas en el
libro de la periodista chilena Patricia Verdugo, "Los Zarpazos del Puma",
que luego sirvió de testimonio en la investigación del caso.
Sin embargo, el 11 enero de 2006, Pinochet fue nuevamente desaforado
por dos homicidios de la "Caravana". El desafuero fue ratificado el 17 de
julio siguiente por la Corte Suprema, basándose en nuevos informes
médicos. El 27 de noviembre de 2006, Pinochet fue procesado y puesto
bajo arresto domiciliario por el secuestro y homicidio de dos presos
políticos de la "Caravana".
El 4 de diciembre siguiente, consiguió la libertad condicional tras sufrir el
día antes un ataque cardiaco. Jlc/doc
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DEMÁS PROCESADOS (fecha actualización 2003)
Además de Pinochet, están procesados en el caso "Caravana de la muerte"
el general retirado Sergio Arellano Stark, ex jefe de la DINA; los coroneles
Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo González, el brigadier Pedro
Espinoza Bravo - número dos de la DINA - y el capitán Patricio Díaz Araneda.
En agosto de 1999, el juez Guzmán solicitó a EEUU la extradición de otro
miembro de la comitiva, el ex mayor Armando Fernández Larios, amparado
por el régimen estadounidense de protección a testigos por colaborar en la
investigación del asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976.
El proceso judicial prosiguió pese al sobreseimiento temporal del
procesamiento de Pinochet por razones de salud el 9 de julio de 2001.
Cuatro días después, el juez Guzmán revocó el procesamiento del capitán
retirado Patricio Díaz Araneda, encausado como autor de tres de los 75
crímenes de la "Caravana”. El juez aplicó el principio de la "obediencia
debida" al considerar que Díaz cumplió órdenes de sus superiores, lo que
"le exime de responsabilidad penal".
Además, el 16 de julio de 2002 el juez Guzmán procesó a Juan de Dios
Salazar Lentery, ex fiscal militar de Tocopilla, y Luciano Astete Almendras, ex
prefecto de Carabineros (policía militarizada) por el asesinato de 12 presos
desde octubre de 1973 hasta los primeros meses de 1974, en su mayoría
miembros del Partido Socialista. Los cadáveres fueron encontrados en
años recientes, varios de ellos ocultos en la mina "La Veleidosa". Un año
después, el 13 de julio de 2003 otros diez ex militares chilenos fueron
detenidos en un regimiento de la ciudad de Quillota, acusados del
secuestro y muerte un grupo de militantes del Partido Socialista (PS) y del
Partido Comunista (PC) de Chile. Entre los acusados se hallan un ex
carabinero (policía militarizada), el general retirado del Ejército Francisco
Pérez y el ex coronel Sergio Arredondo.
El 18 de agosto de 2003 la Corte Suprema de Chile confirmó el
procesamiento del general retirado del Ejército Héctor Bravo Muñoz como
autor del secuestro y homicidio en la zona de Valdivia de 12 militantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre el 3 y 4 de octubre de
1973.
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HISTORIA DE LA "CARAVANA"
En octubre de 1973, el general Sergio Arellano Stark, uno de los artífices del
golpe militar que un mes antes había derrocado al Gobierno de Salvador
Allende, encabezó, como "delegado personal" del general Pinochet, una
comitiva que recorrió en helicóptero varias ciudades de Chile para "revisar"
los procesos contra presos políticos, la mayoría de los cuales ya habían
sido condenados a penas menores. El resultado que se atribuye a la gira
es de 75 prisioneros ejecutados en Cauquenes, La Serena, Copiapó,
Antofagasta y Calama, entre otras ciudades. Sólo en Calama cayeron 25
presos. Hasta junio de 1999, los hechos no habían sido objeto de medida
judicial alguna, salvo la de estar cubiertos por la Ley de Amnistía dictada
por el propio general Pinochet en 1978. Sin embargo, el delito de secuestro
no está contemplado en dicha ley.
El hijo del ex canciller asesinado, el diputado socialista Juan Pablo Letelier,
afirmó que los avances en la investigación del magistrado Guzmán sobre la
"Caravana de la muerte" han sido posibles gracias a la colaboración de
antiguos militares. "Se trata de personas que en ese tiempo llevaban
uniforme y fueron pasadas a llevar (no tomadas en cuenta) por el grupo que
comandaba el general Arellano", explicó el parlamentario, que precisó que
esos testimonios han permitido establecer que la comitiva no recorrió sólo
el norte de Chile, sino también varias ciudades del sur.
Publicaciones de prensa de la época y testimonios recientes de prisioneros
supervivientes han señalado que, por ejemplo, Arellano Stark estuvo en
Temuco y Valdivia en fechas coincidentes con la ejecución de numerosos
prisioneros políticos. En Valdivia, a 835 kilómetros al sur de Santiago, 12
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron
fusilados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron entregados a sus
familiares en cajones cerrados. En La Serena quince personas, entre ellas
el ex gobernador de Vicuña, Carlos Alcayaga, fueron ejecutadas y sus
cuerpos hallados en noviembre de 1998 en una fosa común del cementerio
de la ciudad, a 472 kilómetros al norte de Santiago.
En julio de 1998, Augusto Pinochet reconoció a la prensa que le encargó al
general Arellano la misión de "agilizar" los juicios en el norte. Asimismo,
admitió que "hubo ejecuciones luego de juicios de guerra", en el marco de
la "guerra interna" que vivió el país, aunque negó haber dado "instrucciones
de matar a nadie", desligando su posible responsabilidad de los hechos.
En marzo de 2000 el diario bonaerense Clarín publicó un documento militar
secreto, en el que se informa a Pinochet de la ejecución de 53 presos
políticos. El parte lleva fecha del 30 de octubre de 1973 y la firma del
general Joaquín Lagos Osorio, entonces jefe militar de la región de
Antofagasta. El documento incluye una lista de los ejecutados y concluye
con un resumen, según el cual 53 presos fueron "ejecutados por orden C.J.
E.", siglas de Comandante en Jefe del Ejército, cargo que ocupaba Pinochet
junto con el de presidente. Sin embargo, el documento no nombra a
Pinochet, sino que indica que las ejecuciones fueron ordenadas por "el
delegado del C.J.E, general de brigada Sergio Arellano Stark". Otros diez
presos políticos fueron ejecutados "por resolución del CAJSI I.D.E", siglas
que aluden a la jurisdicción militar responsable, señala también el
"resumen" del informe.
El mismo diario publicó las declaraciones de los entonces general Oscar
Haag Blaschke y capitán Patricio Díaz Araneda, sometidos a un careo por el
juez Juan Guzmán en enero anterior. Del careo se desprende no sólo que
la orden de fusilamiento provenía del alto mando militar, sino también la
crueldad con que se llevaron a cabo las ejecuciones y el cruce de culpas y
responsabilidades entre los oficiales que participaron en la comitiva. Haag
Blaschke dijo que el 17 de octubre de 1973, cuando era comandante del
Regimiento de Copiapó, le fue exhibido "el documento de nombramiento
como oficial delegado del general Sergio Arellano Stark por el Comandante
en Jefe del Ejército y presidente de la Junta de Gobierno", es decir Pinochet.
Arellano Stark le transmitió, dijo Haag, la orden de que oficiales del
Regimiento de Copiapó debían fusilar a 13 de los cautivos en esa unidad
del ejército, en base "a la gravedad del delito y al partido político al que
pertenecían". A la pregunta del juez Guzmán sobre qué hubiera ocurrido si
se negaba a cumplir la orden, el entonces capitán Díaz Araneda sostuvo
que no había forma de eludirla, puesto que "me hubieran fusilado también".
A lo que Haag Blaschke añadió que "en tiempos de guerra, el no cumplir
una orden de un superior, me habría expuesto a graves sanciones, incluso
la muerte". Díaz Araneda relató que en un camión militar, que él mismo
condujo hasta una zona despoblada a unos 20 kilómetros de Copiapó,
fueron subidos 13 presos "maniatados por la espalda y `encapuchados`
con un saco de dormir". Dijo que las "blancas palomas", como llamaban a
los presos, fueron bajados de a tres del camión y ejecutados "en forma
rotativa con fusiles SIG, calibre de 7,62 mm., en tanto se aseguraba la
permanencia del resto en el camión", pero como eran 13 el último grupo fue
de cuatro. Los cadáveres fueron llevados al cementerio de Copiapó y
enterrados "sin participación de los soldados".
Por su parte, el general retirado Joaquín Lagos, ex jefe militar de
Antofogasta, en sus declaraciones de 25 de enero de 2001, contó las
atrocidades cometidas contra los presos en su zona jurisdiccional. “Daba
vergüenza verlos: estaban hechos pedazos. No eran cuerpos humanos. Yo
quería armarlos por lo menos, dejarlos de una forma decente, más o
menos, pero no se pudo. ¡Si les sacaron los ojos con los corvos (cuchillos
de guerra), les quebraron las mandíbulas, las piernas y al final les daban el
golpe de gracia! Se ensañaron", recordó. El general Lagos dijo haber
sentido "dolor y rabia" por los crímenes que se cometieron a sus espaldas,
pero subrayó que cuando el comandante en jefe del Ejército ordena, "uno
no tiene nada que hacer". El general Lagos fue el primer oficial en
denunciar las atrocidades cometidas por la "Caravana de la Muerte" y pedir
además una investigación al respecto. Asimismo, fue el único jefe de zona
que entregó los cuerpos a sus familiares, aunque lo hizo en urnas selladas.
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LIBROS SOBRE EL CASO
El caso "Caravana de la muerte", uno de los más emblemáticos de la
represión en la dictadura chilena, fue el bautizo de fuego del nuevo régimen
que marcó el camino no sólo a los opositores sino a los propios militares.
El testimonio del general Joaquín Lagos contra Augusto Pinochet sobre las
atrocidades cometidas por la mortal comitiva en Antofogasta fue recogido
por la periodista chilena Patricia Verdugo en su libro "Los Zarpazos del
Puma", que luego sirvió de testimonio en la investigación del caso
"Caravana de la Muerte".
Según la periodista, la misión encomendada al "oficial delegado" del
presidente de la recién asumida junta militar, tenía dos objetivos: instaurar
el miedo en la población civil e imponer en el Ejército una "línea dura e
implacable". De hecho, gran parte de las 75 víctimas de la “caravana” ya
habían sido condenadas, en muchos casos a penas de pocos meses de
prisión. Además muchas de ellas se habían presentado voluntariamente a
las autoridades militares y otras fueron sacadas, sin oponer resistencia, de
sus casas o centros de trabajo.
El periodista Jorge Escalante, en su libro "La misión era matar", confirma
este análisis y afirma que Arellano Stark sometió a los comandantes
locales y a sus oficiales a cumplir órdenes con las que en la mayoría de los
casos no estuvieron de acuerdo, por lo que fueron apartados del Ejército e
incluso encarcelados.
FECHAS RELEVANTES: 8.06.1999/ Apertura de auto de procesamiento
sobre el caso "caravana de la muerte". 08.08.2000/ Desafuero de Pinochet
por 14 votos a 6. 23.01.2001/ Pinochet es interrogado por el juez Guzmán.
25.01.2001/ El general Joaquín Lagos acusa públicamente a Pinochet de
las muertes en su jurisdicción. 29.01.2001/ El juez dicta el procesamiento y
arresto domiciliario de Pinochet como coautor de 18 desapariciones y 57
homicidios. 8.03.2001/La Corte de Apelaciones rebaja la calificación del
delito imputado a Pinochet a la de "encubridor". 9.07.2001/ La Corte de
Apelaciones sobresee temporalmente a Pinochet por razones de salud.
01.07.2002/ Por cuatro votos a uno, la Corte Suprema sobresee
definitivamente a Pinochet. 11.01.2006/Pinochet es nuevamente desaforado
por dos homicidios de la "Caravana". 17.07.2006/ La Corte Suprema ratifica
el desafuero. 27.11.2006/ Pinochet es procesado y queda bajo arresto
domiciliario. 04.12.2006/ Pinochet logra la libertad provisional tras un
ataque cardiaco.
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ESQUEMA: - Procesamiento de Augusto Pinochet - Demás Procesados
(año de actualización: 2003) - Historia de la "Caravana de la muerte" -
Libros sobre el caso
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El caso "Caravana de la muerte" constituye la primera vinculación del ex
dictador chileno Augusto Pinochet con los abusos perpetrados durante su
régimen y está considerado como el "acto fundacional" de la dictadura.
La "caravana" fue una comitiva militar dirigida por el general Arellano Stark,
por delegación expresa de Pinochet, que recorrió en octubre de 1973, un
mes después del golpe contra Salvador Allende, las provincias de Calama,
Antofagasta, Copiapó, La Serena y Cauquenes en un helicóptero con la
misión de ejecutar sin juicio previo a 75 presos políticos.
Tras procesar a los integrantes de la "caravana", en junio de 1999, el juez
Juan Guzmán tuvo que superar presiones, quejas disciplinarias de la
defensa, amonestaciones de la Corte Suprema y hasta belicosos actos de
protesta de los partidarios de Pinochet. Asimismo, Guzmán recorrió el árido
desierto del norte de Chile buscando las osamentas de los ejecutados.
El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema de Chile confirmó el sobreseimiento
de Pinochet en el caso, a causa de la "demencia vascular" que éste
padece. La ratificación tuvo lugar un año después de que la Corte de
Apelaciones de Santiago sobreseyera temporalmente a Pinochet por
razones de salud. No obstante, el procesamiento de los demás militares
involucrados siguió su curso.
Sin embargo, en enero de 2006, Pinochet fue nuevamente desaforado por
dos homicidios de la "Caravana". El desafuero fue ratificado en julio
siguiente por la Corte Suprema. En noviembre de 2006, Pinochet fue
procesado y puesto bajo arresto domiciliario por el secuestro y homicidio
de dos presos políticos de la "Caravana".
El 4 de diciembre de 2006, consiguió la libertad condicional tras sufrir el día
antes un ataque cardiaco. Jlc/doc
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PROCESAMIENTO DE PINOCHET POR EL CASO "CARAVANA"
El 29 de enero de 2001, el juez Juan Guzmán dictó el procesamiento y
arresto domiciliario de Pinochet como coautor de 18 secuestros calificados
(desapariciones) y 57 homicidios en el caso "Caravana de la Muerte". Días
después, el 8 de marzo de 2001, la Corte de Apelaciones confirmó el
procesamiento pero rebajó la calificación del delito imputado a Pinochet de
"autor", como había determinado el juez Guzmán, a "encubridor".
El principal testimonio sobre el caso partió del general retirado Joaquín
Lagos Osorio, ex jefe de la división Antofagasta del Ejército chileno, quien el
25 de enero del mismo año de 2001 responsabilizó públicamente a
Augusto Pinochet por los 14 asesinatos cometidos por la "Caravana de la
Muerte" en octubre de 1973 en su jurisdicción. Sus declaraciones se
produjeron dos días después de que Pinochet culpara a los jefes militares
regionales de los fusilamientos de la "caravana" durante el interrogatorio al
que el juez Juan Guzmán sometió al ex dictador.
De las más de 300 querellas contra Pinochet en Chile, el caso "caravana"
era el que más indicios aportaba de su responsabilidad en los abusos del
régimen. La apertura de auto de procesamiento sobre el caso, considerado
emblemático de la represión posterior al golpe, tuvo lugar el 8 de junio de
1999 y llevó al desafuero del hasta entonces senador vitalicio, en agosto de
2000. La pieza clave con que contaba el juez Guzmán era un documento
que el general Joaquín Lagos guardó durante 27 años.
En declaraciones a la Televisión Nacional chilena, el general Lagos afirmó
que la comitiva militar presidida por el general Sergio Arellano Stark pasó
por Antofogasta a principios de octubre de 1973 y asesinó a 14 prisioneros
"a sus espaldas". Al día siguiente de la matanza en su jurisdicción, Lagos
exigió a Arellano Stark explicaciones y le impidió salir de Antofagasta, a lo
que el general sacó de su manga "el oficio mediante el cual el comandante
en jefe le nombró delegado", cargo que tenía amplias facultades.
Posteriormente, el general Lagos fue convocado a Santiago por Pinochet y
se le pidió una lista con los ejecutados en su zona. En esa relación, Lagos
diferenció a quienes fueron fusilados tras realizarles consejos de guerra y
los que fueron ejecutados por orden del delegado del comandante en jefe.
Sin embargo, Pinochet le ordenó rehacer la lista sin distinciones y firmarla,
"con lo cual pasaba a ser yo el responsable de todos los crímenes que se
cometieron en mi zona jurisdiccional y así se lo hice ver" declaró Joaquín
Lagos. El general Lagos hizo finalmente la nueva lista, pero guardó durante
27 años el documento original, el cual fue mostrado a Pinochet por el juez
Guzmán durante el interrogatorio el 23 de enero de 2001. El ex dictador
reconoció el escrito, pero negó su responsabilidad en los crímenes y culpó
en cambio a sus subalternos.
El 1 de julio de 2002 la Corte Suprema de Chile confirmó el sobreseimiento
del ex dictador en el caso, basándose en la "demencia vascular" que éste
padece. Nueve meses después, el 10 de abril de 2003, fallecía el general
Joaquín Lagos. Sus acusaciones contra Pinochet fueron recogidas en el
libro de la periodista chilena Patricia Verdugo, "Los Zarpazos del Puma",
que luego sirvió de testimonio en la investigación del caso.
Sin embargo, el 11 enero de 2006, Pinochet fue nuevamente desaforado
por dos homicidios de la "Caravana". El desafuero fue ratificado el 17 de
julio siguiente por la Corte Suprema, basándose en nuevos informes
médicos. El 27 de noviembre de 2006, Pinochet fue procesado y puesto
bajo arresto domiciliario por el secuestro y homicidio de dos presos
políticos de la "Caravana".
El 4 de diciembre siguiente, consiguió la libertad condicional tras sufrir el
día antes un ataque cardiaco. Jlc/doc
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DEMÁS PROCESADOS (fecha actualización 2003)
Además de Pinochet, están procesados en el caso "Caravana de la muerte"
el general retirado Sergio Arellano Stark, ex jefe de la DINA; los coroneles
Marcelo Moren Brito y Sergio Arredondo González, el brigadier Pedro
Espinoza Bravo - número dos de la DINA - y el capitán Patricio Díaz Araneda.
En agosto de 1999, el juez Guzmán solicitó a EEUU la extradición de otro
miembro de la comitiva, el ex mayor Armando Fernández Larios, amparado
por el régimen estadounidense de protección a testigos por colaborar en la
investigación del asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976.
El proceso judicial prosiguió pese al sobreseimiento temporal del
procesamiento de Pinochet por razones de salud el 9 de julio de 2001.
Cuatro días después, el juez Guzmán revocó el procesamiento del capitán
retirado Patricio Díaz Araneda, encausado como autor de tres de los 75
crímenes de la "Caravana”. El juez aplicó el principio de la "obediencia
debida" al considerar que Díaz cumplió órdenes de sus superiores, lo que
"le exime de responsabilidad penal".
Además, el 16 de julio de 2002 el juez Guzmán procesó a Juan de Dios
Salazar Lentery, ex fiscal militar de Tocopilla, y Luciano Astete Almendras, ex
prefecto de Carabineros (policía militarizada) por el asesinato de 12 presos
desde octubre de 1973 hasta los primeros meses de 1974, en su mayoría
miembros del Partido Socialista. Los cadáveres fueron encontrados en
años recientes, varios de ellos ocultos en la mina "La Veleidosa". Un año
después, el 13 de julio de 2003 otros diez ex militares chilenos fueron
detenidos en un regimiento de la ciudad de Quillota, acusados del
secuestro y muerte un grupo de militantes del Partido Socialista (PS) y del
Partido Comunista (PC) de Chile. Entre los acusados se hallan un ex
carabinero (policía militarizada), el general retirado del Ejército Francisco
Pérez y el ex coronel Sergio Arredondo.
El 18 de agosto de 2003 la Corte Suprema de Chile confirmó el
procesamiento del general retirado del Ejército Héctor Bravo Muñoz como
autor del secuestro y homicidio en la zona de Valdivia de 12 militantes del
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) entre el 3 y 4 de octubre de
1973.
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HISTORIA DE LA "CARAVANA"
En octubre de 1973, el general Sergio Arellano Stark, uno de los artífices del
golpe militar que un mes antes había derrocado al Gobierno de Salvador
Allende, encabezó, como "delegado personal" del general Pinochet, una
comitiva que recorrió en helicóptero varias ciudades de Chile para "revisar"
los procesos contra presos políticos, la mayoría de los cuales ya habían
sido condenados a penas menores. El resultado que se atribuye a la gira
es de 75 prisioneros ejecutados en Cauquenes, La Serena, Copiapó,
Antofagasta y Calama, entre otras ciudades. Sólo en Calama cayeron 25
presos. Hasta junio de 1999, los hechos no habían sido objeto de medida
judicial alguna, salvo la de estar cubiertos por la Ley de Amnistía dictada
por el propio general Pinochet en 1978. Sin embargo, el delito de secuestro
no está contemplado en dicha ley.
El hijo del ex canciller asesinado, el diputado socialista Juan Pablo Letelier,
afirmó que los avances en la investigación del magistrado Guzmán sobre la
"Caravana de la muerte" han sido posibles gracias a la colaboración de
antiguos militares. "Se trata de personas que en ese tiempo llevaban
uniforme y fueron pasadas a llevar (no tomadas en cuenta) por el grupo que
comandaba el general Arellano", explicó el parlamentario, que precisó que
esos testimonios han permitido establecer que la comitiva no recorrió sólo
el norte de Chile, sino también varias ciudades del sur.
Publicaciones de prensa de la época y testimonios recientes de prisioneros
supervivientes han señalado que, por ejemplo, Arellano Stark estuvo en
Temuco y Valdivia en fechas coincidentes con la ejecución de numerosos
prisioneros políticos. En Valdivia, a 835 kilómetros al sur de Santiago, 12
militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) fueron
fusilados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron entregados a sus
familiares en cajones cerrados. En La Serena quince personas, entre ellas
el ex gobernador de Vicuña, Carlos Alcayaga, fueron ejecutadas y sus
cuerpos hallados en noviembre de 1998 en una fosa común del cementerio
de la ciudad, a 472 kilómetros al norte de Santiago.
En julio de 1998, Augusto Pinochet reconoció a la prensa que le encargó al
general Arellano la misión de "agilizar" los juicios en el norte. Asimismo,
admitió que "hubo ejecuciones luego de juicios de guerra", en el marco de
la "guerra interna" que vivió el país, aunque negó haber dado "instrucciones
de matar a nadie", desligando su posible responsabilidad de los hechos.
En marzo de 2000 el diario bonaerense Clarín publicó un documento militar
secreto, en el que se informa a Pinochet de la ejecución de 53 presos
políticos. El parte lleva fecha del 30 de octubre de 1973 y la firma del
general Joaquín Lagos Osorio, entonces jefe militar de la región de
Antofagasta. El documento incluye una lista de los ejecutados y concluye
con un resumen, según el cual 53 presos fueron "ejecutados por orden C.J.
E.", siglas de Comandante en Jefe del Ejército, cargo que ocupaba Pinochet
junto con el de presidente. Sin embargo, el documento no nombra a
Pinochet, sino que indica que las ejecuciones fueron ordenadas por "el
delegado del C.J.E, general de brigada Sergio Arellano Stark". Otros diez
presos políticos fueron ejecutados "por resolución del CAJSI I.D.E", siglas
que aluden a la jurisdicción militar responsable, señala también el
"resumen" del informe.
El mismo diario publicó las declaraciones de los entonces general Oscar
Haag Blaschke y capitán Patricio Díaz Araneda, sometidos a un careo por el
juez Juan Guzmán en enero anterior. Del careo se desprende no sólo que
la orden de fusilamiento provenía del alto mando militar, sino también la
crueldad con que se llevaron a cabo las ejecuciones y el cruce de culpas y
responsabilidades entre los oficiales que participaron en la comitiva. Haag
Blaschke dijo que el 17 de octubre de 1973, cuando era comandante del
Regimiento de Copiapó, le fue exhibido "el documento de nombramiento
como oficial delegado del general Sergio Arellano Stark por el Comandante
en Jefe del Ejército y presidente de la Junta de Gobierno", es decir Pinochet.
Arellano Stark le transmitió, dijo Haag, la orden de que oficiales del
Regimiento de Copiapó debían fusilar a 13 de los cautivos en esa unidad
del ejército, en base "a la gravedad del delito y al partido político al que
pertenecían". A la pregunta del juez Guzmán sobre qué hubiera ocurrido si
se negaba a cumplir la orden, el entonces capitán Díaz Araneda sostuvo
que no había forma de eludirla, puesto que "me hubieran fusilado también".
A lo que Haag Blaschke añadió que "en tiempos de guerra, el no cumplir
una orden de un superior, me habría expuesto a graves sanciones, incluso
la muerte". Díaz Araneda relató que en un camión militar, que él mismo
condujo hasta una zona despoblada a unos 20 kilómetros de Copiapó,
fueron subidos 13 presos "maniatados por la espalda y `encapuchados`
con un saco de dormir". Dijo que las "blancas palomas", como llamaban a
los presos, fueron bajados de a tres del camión y ejecutados "en forma
rotativa con fusiles SIG, calibre de 7,62 mm., en tanto se aseguraba la
permanencia del resto en el camión", pero como eran 13 el último grupo fue
de cuatro. Los cadáveres fueron llevados al cementerio de Copiapó y
enterrados "sin participación de los soldados".
Por su parte, el general retirado Joaquín Lagos, ex jefe militar de
Antofogasta, en sus declaraciones de 25 de enero de 2001, contó las
atrocidades cometidas contra los presos en su zona jurisdiccional. “Daba
vergüenza verlos: estaban hechos pedazos. No eran cuerpos humanos. Yo
quería armarlos por lo menos, dejarlos de una forma decente, más o
menos, pero no se pudo. ¡Si les sacaron los ojos con los corvos (cuchillos
de guerra), les quebraron las mandíbulas, las piernas y al final les daban el
golpe de gracia! Se ensañaron", recordó. El general Lagos dijo haber
sentido "dolor y rabia" por los crímenes que se cometieron a sus espaldas,
pero subrayó que cuando el comandante en jefe del Ejército ordena, "uno
no tiene nada que hacer". El general Lagos fue el primer oficial en
denunciar las atrocidades cometidas por la "Caravana de la Muerte" y pedir
además una investigación al respecto. Asimismo, fue el único jefe de zona
que entregó los cuerpos a sus familiares, aunque lo hizo en urnas selladas.
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LIBROS SOBRE EL CASO
El caso "Caravana de la muerte", uno de los más emblemáticos de la
represión en la dictadura chilena, fue el bautizo de fuego del nuevo régimen
que marcó el camino no sólo a los opositores sino a los propios militares.
El testimonio del general Joaquín Lagos contra Augusto Pinochet sobre las
atrocidades cometidas por la mortal comitiva en Antofogasta fue recogido
por la periodista chilena Patricia Verdugo en su libro "Los Zarpazos del
Puma", que luego sirvió de testimonio en la investigación del caso
"Caravana de la Muerte".
Según la periodista, la misión encomendada al "oficial delegado" del
presidente de la recién asumida junta militar, tenía dos objetivos: instaurar
el miedo en la población civil e imponer en el Ejército una "línea dura e
implacable". De hecho, gran parte de las 75 víctimas de la “caravana” ya
habían sido condenadas, en muchos casos a penas de pocos meses de
prisión. Además muchas de ellas se habían presentado voluntariamente a
las autoridades militares y otras fueron sacadas, sin oponer resistencia, de
sus casas o centros de trabajo.
El periodista Jorge Escalante, en su libro "La misión era matar", confirma
este análisis y afirma que Arellano Stark sometió a los comandantes
locales y a sus oficiales a cumplir órdenes con las que en la mayoría de los
casos no estuvieron de acuerdo, por lo que fueron apartados del Ejército e
incluso encarcelados.
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