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CASO CARMELO SORIA
DatosRelevantes
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14.O7.1976/ Carmelo Soria es detenido por la DINA.
16.07.1976/ Aparece su cadáver en un canal en Santiago.
- Se intenta simular un accidente de tráfico y oficialmente se asegura que
se suicidó.
- La Policia Civil determina que murió por torturas.
- 1990/ La llegada de Patricia Awlyn al poder reactiva el caso.
- 13.08.1991/ La familia pide la reapertura del caso.
- 06.12.1993/ LaCorte Marcial aplica la Ley de Amnistía y dicta su
sobreseimiento.
- 13.12.1993/ La familia pide la aulación de la amnistía.
- 06.04.1994/ La Primera Sala de la Corte Suprema determina reabrir el
caso.
- 24.05.1995/ La Segunda Sala de la Corte Suprema procesa al mayor
retirado del Ejército Guillermo Salinas Torres y al sargento retirado José
Ríos San Martín, como autor y cómplice, respectivamente, del crimen.
04.06.1996/ El juez Ortiz sobresee y aplica amnistía al proceso y deja libre
de responsabilidad penal a los dos inculpados.
24.08.1996/ La Corte Suprema confirma la amnistía para los dos acusados.
01.02.1997/ La familia Soria presenta denuncia ante la Corte
Interamericana de DDHH de la OEA.
29.09.1999/ La CIDH dictama que el Gobierno chileno no ha hecho justicia
en el caso.
09.05.2001/ El juez Baltasar Garzón inicia un proceso por el caso en
España.
24.08.2002/ Chile acepta pedir la reapertura del caso e indemnizar a la
familia.
10.08.2004/ La Corte Suprema chilena confirma definitivamente el cierre del
caso en el país.
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RESUMEN
Veintiocho años después de la desaparición y muerte del diplomático
hispano-chileno Carmelo Luis Soria Espinoza, el 10 de agosto de 2004 la
Corte Suprema chilena cerró definitivamente el caso en los tribunales de
este país.
Atrás quedan largos años de batallas legales con decisiones como la
tomada el 24 de agosto de 1996 por la Corte Suprema de confirmar la
aplicación de la amnistía para los asesinos de Soria. El caso fue de nuevo
reabierto tras un informe de septiembre de 1999 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que consideraba que no
se había hecho justicia, llegando incluso a alcanzarse en agosto de 2002
un acuerdo de reparación entre las autoridades chilenas y los
descendientes de Soria, por el que se comprometían a solicitar la
reapertura del sumario y a aceptar la familia una indemnización de dos
millones de dólares.
Paralelamente a este largo proceso en Chile, en España las autoridades
políticas presionaron a las chilenas para que se reabriera el caso y se
hiciera justicia, a la vez que desde 2001 el juez español de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón mantiene abierta la investigación de este
homicidio dentro del caso que instruía por las desapariciones en las
dictaduras argentina y chilena. Este proceso en España aún sigue abierto
tras dictaminar el Tribunal Supremo la competencia para entender en estos
casos.
Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), dependiente de la ONU, en el que ocupó el puesto de
jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericanos
de Demografía, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por la Brigada
Mulchén, perteneciente a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA, organismo responsable de las desapariciones forzosas de
personas y de los asesinatos dentro y fuera de Chile, durante la dictadura
de Pinochet). Dos días después apareció muerto en un canal junto con su
coche, en un intento por simular un accidente de circulación.
En 1991 un informe de la policía civil de Investigaciones concluyó que Soria
fue asesinado por agentes de la DINA en la casa del ex agente Michael
Townley, de nacionalidad norteamericana. Luego, éste reconoció los
hechos y delató a los agentes que participaron en el crimen.
Uno de los cinco oficiales involucrados en los hechos fue el coronel del
Ejército Jaime Lepe Orellana, quien, pese a ser mencionado en la causa,
nunca ha sido procesado. Desde 1976 fue escolta y guardia personal de
Augusto Pinochet. En 1992 fue designado secretario general del Ejército y
responsable de las finanzas de la Comandancia en Jefe. El 4 de noviembre
de 1997 su promoción a brigadier general (equivalente a general de
Brigada en España) fue vetado por el entonces presidente de la República
Eduardo Frei y pasó al retiro en octubre de 2000.
Además estuvieron inculpados en el crimen, el ex coronel del Ejército
Guillermo Salinas Torres, como autor, así como el sargento José Remigio
Ríos San Martín, el ex capitán Pablo Belmar Labbé y el capitán Juan
Delmás Ramírez, quien apareció muerto en junio de 1981en su automóvil
en pleno desierto de Calama, en circunstancias no aclaradas.
CRONOLOGIA RESUMIDA
- Junio 1991: la familia de Carmelo Soria solicita la reapertura del proceso
por su muerte, que llevaba archivado doce años.
- 14 noviembre 1991: el abogado de la familia, Alfonso Insunza, pide al
Tercer Juzgado del Crimen que investigue la muerte de Soria a raíz de
antecedentes aparecidos en expediente del proceso por el asesinato del ex
canciller Orlando Letelier.
- 15 mayo 1992: la magistrada Violeta Guzmán Farren, de la Corte de
Apelaciones de Santiago, se hace cargo del proceso con atribuciones de
juez especial.
- 29 diciembre 1992: la Corte de Apelaciones rechaza por unanimidad la
aplicación de la Ley de Amnistía al caso, solicitada por el coronel retirado
del Ejército Rolf Wenderoth.
- 27 julio 1993: la Corte Suprema no da lugar a la apelación presentada por
Wnderoth basándose en la prescripción del caso y la aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 20 agosto 1993: el juez militar de Santiago, general Hernán Ramírez, pide
la incompetencia de la juez Violeta Guzmán y reclama el caso para la
justicia castrense.
- 23 agosto 1993: la juez Guzmán se niega a pasar el caso a la justicia
militar.
- 16 noviembre 1993: la Tercera Sala de la Corte Suprema decide pasar el
caso a la justicia militar.
- 25 noviembre 1993: la Cancillería chilena pide a la Corte Suprema la
designación de un magistrado especial.
- 2 diciembre 1993: la Corte Suprema rechaza nombrar un juez especial,
por siete votos contra seis.
- 6 diciembre 1993: el Gobierno chileno pide a la Corte Suprema que
reconsidere esa decisión, a la vez que la Corte Marcial aplica la Ley de
Amnistía y dicta sobreseimiento.
- 10 diciembre 1993: el Gobierno español califica de "gran noticia" la
designación de un juez especial en el caso Soria por la Corte Suprema. El
nombramiento recae en Marcos Libedinsky.
- 13 diciembre 1993: el abogado de la familia Soria solicita la anulación de
la amnistía dictada por un juez militar.
- 30 diciembre 1993: el juez Libedinsky rechaza un recurso de nulidad sobre
lo obrado por la justicia militar.
- 4 enero 1994: el abogado Insunza presenta apelación al dictamen de
Libedinsky bajo el argumento de que la investigación no está agotada pues
hay varias diligencias pendientes.
- 6 abril 1994: la Primera Sala de la Corte Suprema determina reabrir el
caso Soria, en un fallo unánime.
- 13 abril 1994: el juez Libedinsky se declara inhabilitado para seguir con el
proceso y determina que en el secuestro, torturas y asesinato de Soria
participaron, además del coronel Lepe, el coronel retirado Guillermo
Salinas, el capitán Pablo Belmar y otros funcionarios del Ejército.
- 24 junio 1994: el pleno de la Corte Suprema nombra a Eleodoro Ortiz
como nuevo juez investigador en el caso Soria.
- 15 diciembre 1994: el abogado querellante pide nuevas diligencias.
- 18 enero 1995: Insunza presenta a la Corte Suprema una petición de
extradición del estadounidense Michael Townley, bajo la acusación de ser
coautor del asesinato de Soria.
- 23 enero 1995: el juez Ortiz rechaza la solicitud de pedir a EEUU la
extradición de Townley, ex agente de la DINA, dado que se desconoce el
lugar concreto de su residencia en ese país. También rechaza otras dos
apelaciones.
- 5 abril 1995: el Congreso de los Diputados de España, por unanimidad,
expresa preocupación por el "incomprensiblemente dilatado" proceso
judicial.
- 24 mayo 1995: la Segunda Sala de la Corte Suprema, por tres votos contra
dos, decide someter a proceso al mayor retirado del Ejército Guillermo
Salinas Torres y al sargento retirado José Ríos San Martín, como autor y
cómplice, respectivamente, del crimen.
- 25 mayo 1995: Naciones Unidas y el Gobierno español acogen
favorablemente la apertura del proceso contra los dos militares.
- 13 junio 1995: quedan en prisión preventiva ambos inculpados.
- 21 junio 1995: la II Sala de la Corte de Apelaciones concede la libertad
bajo fianza a los dos militares inculpados.
- 25 junio 1995: el presidente de la Corte Suprema, Marcos Aburto, opina
que debe aplicarse la amnistía porque las leyes internacionales no priman
sobre las normas internas.
- 7 noviembre 1995: el juez Ortiz decreta cierre del sumario.
- 21 junio 1996: el fiscal de la Corte Suprema Enrique Paillás, en un informe
ante el tribunal, señala que no procede el sobreseimiento ni la aplicación
de la amnistía en este caso.
- Julio 1996: la defensa y la parte querellante presentan alegatos ante la
Corte.
- 24 agosto 1996: la Corte Suprema confirma la amnistía para los dos
acusados.
- 1 febrero 1997: la familia de Carmelo Soria denuncia al Estado Chileno
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
- 6 marzo 1997: el secretario general de la ONU, Kofi Annan, no acepta la
amnistía decretada por la Corte Suprema de Chile.
- 4 noviembre 1997: el presidente de Chile, Eduardo Frei, veta la propuesta
formulada por el Ejército para ascender a general Jaime lepe, implicado
pero no condenado en el asesinato de Carmelo Soria.
- 29 septiembre 1999: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA emite un informe en el que considera que el Gobierno chileno no
ha hecho justicia en el caso Soria.
- 9 mayo 2001: el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón
dicta orden internacional de busca y captura contra el ex ministro de
Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche por su presunta implicación en
el asesinato de Soria, resolución adoptada dentro de la investigación que
éste sigue por los desaparecidos en las dictaduras chilena y argentina.
- 14 julio 2001: el caso Soria en Chile cumplió 25 años en los tribunales.
- 31 mayo 2002: la Audiencia Nacional dicta que los tribunales españoles
no son competentes para juzgar hechos ocurridos en Chile en 1976. La
Sección Tercera impide perseguir al ex ministro de Defensa chileno Hernán
Julio Brady Roche.
- 1 junio 2002: los restos del diplomático español son exhumados por
disposición del juez Andrés Contreras, del 23 Juzgado del Crimen de
Santiago.
- 29 julio 2002: el Instituto Médico Legal chileno identifica a través de
exámenes de ADN los restos de Carmelo Soria.
- 24 agosto 2002: Chile acepta indemnizar a los herederos de Carmelo
Soria y reabrir la investigación. En el acuerdo alcanzado por ambas partes,
las autoridades chilenas se comprometen a pedir a la justicia que reabra la
investigación del crimen y a pagar a la familia una indemnización de dos
millones de dólares.
- 15 marzo 2004: el Tribunal Supremo español declara que los tribunales
españoles tienen jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la
querella criminal interpuesta contra el ex ministro de Defensa chileno
Hernán Julio Brady Roche por el asesinato del español Carmelo Soria y
admiten a trámite la misma.
- 3 junio 2004: la familia de Soria presenta ante la Corte Suprema chilena
una querella contra Pinochet por su posible responsabilidad en el
homicidio.
- 1 julio 2004: el juez de la Cortes Suprema José Benquis rechaza sin
tramitar la última querella contra Pinochet por considerar que existía "cosa
juzgada" puesto que el caso fue archivado en 1996 en aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 10 agosto 2004: la Sala Penal de la Corte Suprema chilena confirma el
dictamen del juez Benquis, por lo que se cierra definitivamente el caso en
Chile.
- 22 marzo 2005.- El congreso chileno aprueba la indemnización de 1,5
millones de dólares del Estado a la familia Soria. El acuerdo deberá ser
ratificado por el Senado.
CRONOLOGIA AMPLIA
Veintiocho años después de la desaparición y muerte del diplomático
hispano-chileno Carmelo Luis Soria Espinoza, el 10 de agosto de 2004 la
Corte Suprema chilena cerró definitivamente el caso en los tribunales de
este país.
Atrás quedan largos años de batallas legales con decisiones como la
tomada el 24 de agosto de 1996 por la Corte Suprema de confirmar la
aplicación de la amnistía para los asesinos de Soria. El caso fue de nuevo
reabierto tras un informe de septiembre de 1999 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que consideraba que no
se había hecho justicia, llegando incluso a alcanzarse en agosto de 2002
un acuerdo de reparación entre las autoridades chilenas y los
descendientes de Soria, por el que se comprometían a solicitar la
reapertura del sumario y a aceptar la familia una indemnización de dos
millones de dólares.
Paralelamente a este largo proceso en Chile, en España las autoridades
políticas presionaron a las chilenas para que se reabriera el caso y se
hiciera justica, a la vez que desde 2001 el juez español de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón mantiene abierta la investigación de este
homicidio dentro del caso que instruía por las desapariciones en las
dictaduras argentina y chilena. Este proceso en España aún sigue abierto
tras dictaminar el Tribunal Supremo la competencia para entender en estos
casos.
Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), dependiente de la ONU, en el que ocupó el puesto de
jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericanos
de Demografía, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por la Brigada
Mulchén, perteneciente a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA). Dos días después fue encontrado sin vida dentro de su automóvil
en el canal El Carmen, en el sector oriente de La Pirámide, zona oriente de
Santiago, donde los agentes de la DINA lo arrojaron, para simular un
accidente de circulación.
Pese a los primeros informes acerca de un posible suicidio, el informe de
la autopsia demostró que Soria murió a consecuencia de las torturas, que
incluyeron la inhalación forzada de gas sarín, que recibió por parte de
agentes de la DINA en la casa del estadounidense Michael Townley, en el
sector oriente de Santiago, que servía también como cuartel de la DINA.
Townley, en un testimonio realizado en Estados Unidos ante oficiales de la
policía civil chilena en 1992, identificó a los integrantes de la Brigada
Mulchén que participaron en el hecho.
Uno de los cinco oficiales involucrados en los hechos fue el coronel del
Ejército Jaime Lepe Orellana, quien, pese a ser mencionado en la causa,
nunca ha sido procesado. Desde 1976 fue escolta y guardia personal de
Augusto Pinochet. En 1992 fue designado secretario general del ejército y
responsable de las finanzas de la Comandancia en Jefe. El 4 de noviembre
de 1997 su ascenso a brigadier general (equivalente a general de Brigada
en España) fue vetado por el entonces presidente Eduardo Frei y pasó al
retiro en octubre de 2000.
Además estuvieron inculpados en el crimen, el ex coronel del Ejército
Guillermo Salinas Torres, como autor, así como el sargento José Remigio
Ríos San Martín, el ex capitán Pablo Belmar Labbé y el capitán Juan
Delmás Ramírez, quien apareció muerto en junio de 1981en su automóvil
en pleno desierto de Calama, en circunstancias no aclaradas.
El proceso por el asesinato de Carmelo Soria sólo fue reactivado a partir de
la llegada de la democracia al país, tras la llegada a la presidencia de la
República de Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990.
- Junio 1991: la familia de Carmelo Soria solicita la reapertura del proceso
por la muerte de Soria, que llevaba archivado 12 años.
- 13 agosto 1991: la CEPAL envía una carta a la jueza que investiga la
causa, Dobra Luksic, respaldando esa iniciativa y ofreciendo su amplia
colaboración.
- 14 noviembre 1991: el abogado de la familia Soria, Alfonso Insunza, pide
al Tercer Juzgado del Crimen que investigue la muerte de Soria a raíz de
antecedentes aparecidos en expediente del proceso por el asesinato del ex
canciller Orlando Letelier.
- 30 abril 1992: la cancillería chilena solicita a la Corte Suprema la
designación de un juez especial, dotado de amplias facultades, para que
investigue el asesinato.
- 15 mayo 1992: la magistrada Violeta Guzmán Farren, de la Corte de
Apelaciones de Santiago, se hace cargo del proceso con atribuciones de
juez especial.
- 23 octubre 1992: el fiscal de la Corte Suprema, René Pica, aprueba el
envío de exhorto a Estados Unidos con 30 preguntas para los ex agentes
de la DINA Michael Townley y Armando Fernández Larios.
- 29 diciembre 1992: la Corte de Apelaciones rechaza por unanimidad la
aplicación de la ley de amnistía al caso, solicitada por el coronel retirado del
Ejército Rolf Wenderoth.
- 27 julio 1993: la Corte Suprema no da lugar a la apelación presentada por
Wnderoth basándose en la prescripción del caso y la aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 20 agosto 1993: el juez militar de Santiago, general Hernán Ramírez, pide
la incompetencia de la juez Violeta Guzmán y reclamó el caso para la
justicia castrense.
- 23 agosto 1993: la jueza Guzmán se niega a pasar el caso a la justicia
militar.
- 5 septiembre 1993: viaja a Santiago el director de la asesoría jurídica del
Ministerio español de Asuntos Exteriores, José Antonio Pastor Ridruejo,
para elaborar un informe sobre la marcha del proceso y discutir el caso con
autoridades del Gobierno chileno.
- 13 septiembre 1993: la coalición Izquierda Unida (IU) exige al Gobierno
español que se personara en el proceso judicial abierto en Chile por el
crimen de Soria.
- 16 noviembre 1993: la Tercera Sala de la Corte Suprema decide pasar el
caso a la justicia militar.
- 18 noviembre 1993: el Gobierno de España pide formalmente al de Chile
que solicite a la Corte Suprema la designación de un juez especial para
investigar la muerte de Soria.
- 25 noviembre 1993: la cancillería chilena pide a la Corte Suprema la
designación de un magistrado especial.
- 2 diciembre 1993: la Corte Suprema rechaza nombrar un juez especial,
por 7 votos contra 6.
- 7 diciembre 1993: el embajador de España, Pedro Bermejo, regresa a
Madrid al ser llamado a "consultas" por la negativa de la Corte Suprema de
nombrar un juez especial.
- 10 diciembre 1993: el Gobierno español califica como "gran noticia" la
designación de un juez especial en el caso Soria por parte de la Corte
Suprema. El nombramiento recae en el juez Marcos Libedinsky.
- 13 diciembre 1993: el abogado Alfonso Insunza, defensor de la familia
Soria, solicita la anulación de la amnistía dictada por un juez militar en el
proceso por el asesinato de Carmelo Soria.
- 27 diciembre 1993: el pleno de la Corte Suprema decide trasladar al juez
especial Marcos Libedinsky la decisión de resolver respecto de la
aplicación de la ley de amnistía que un juez militar dictó en el proceso por la
muerte de Soria.
- 30 diciembre 1993: el juez Libedinsky rechaza recurso de nulidad sobre lo
obrado por la justicia militar, que fue presentado por la parte querellante. En
la práctica el dictamen confirma el sobreseimiento dictado por la justicia
militar.
- 4 enero 1994: el abogado Alfonso Insunza presenta apelación a dictamen
de Libedinsky bajo el argumento de que la investigación no está agotada
pues hay varias diligencias pendientes.
- 11 enero 1994: la Corte Suprema acoge recurso de Insunza y pide a
Libedinsky un informe sobre su actuación y las razones de su dictamen
anterior.
- 24 marzo 1994: a petición de la parte acusada, se posterga para el 4 de
abril la vista de la causa procesal por el crimen de Soria. Ese mismo día se
informa que el gobierno español había negado la entrada a España al
secretario general del Ejército chileno, coronel Jaime Lepe, por estar
presuntamente involucrado en el caso Soria.
En un fallo unánime. Este dictamen dejó sin efecto la resolución del
segundo Juzgado Militar de Santiago que había aplicado la ley de amnistía
de 1978.
- 7 abril 1994: fuentes judiciales informan que el ex jefe de la DINA, general
en retiro del Ejército Manuel Contreras, deberá declarar por oficio ante el
juez Marcos Libedinsky.
- 12 abril 1994: el abogado Alfonso Insunza presenta una recusación
amistosa en contra del juez investigador Marcos Libedinsky, por haber
emitido un juicio previo sobre el caso Soria, debido a que el 30 de
diciembre anterior había confirmado el sobreseimiento definitivo dictado por
la justicia militar, que aplicó la Ley de Amnistía.
- 13 abril 1994: el juez Marcos Libedinsky se declara inhabilitado para
seguir con el proceso y determina que en el secuestro, torturas y asesinato
de Soria participaron además del coronel Lepe, el coronel retirado
Guillermo Salinas, el capitán Pablo Belmar y otros funcionarios del Ejército.
- 19 abril 1994: el abogado Alfonso Insunza expresa su confianza de que
España llevará el caso ante la Corte Internacional de La Haya si la justicia
chilena no esclarece la verdad.
- 24 junio 1994: el pleno de la Corte Suprema nombra a Eleodoro Ortiz
como nuevo juez investigador en el caso Soria.
- 25 julio 1994: el abogado Insunza pide declaración por exhorto del
estadounidense Michael Townely, en cuya casa fue asesinado Carmelo
Soria.
- 8 septiembre 1994: el ex jefe de la DINA, general retirado del Ejército
Manuel Contreras, y el ex jefe del servicio exterior de la DINA, general
retirado Raúl Iturriaga, son interrogados por el juez Eleodoro Ortiz en
relación con el crimen de Soria.
- 14 diciembre 1994: el secretario general de la ONU, Butros Gali, en una
declaración pública reitera el interés de la ONU por el juicio y confía que la
Corte Suprema lo resuelva satisfactoriamente.
- 15 diciembre 1994: El abogado querellante pide nuevas diligencias.
- 18 enero 1995: Insunza presenta a la Corte Suprema una petición de
extradición del estadounidense Michael Townley, bajo la acusación de ser
coautor del asesinato de Soria. También pide juicio penal contra el ex
director de la DINA, general en retiro Manuel Contreras, y su segundo, el
entonces coronel Pedro Espinoza, por delito de obstrucción a la justicia al
haber negado ante el juez Ortiz la existencia de la Brigada Mulchén. La
Tercera Sala de Apelación se refiere a la negativa del juez Eleodoro Ortiz
Sepúlveda a someter a proceso a los coroneles de Ejército Jaime Lepe,
Pablo Belmar y Guillermo Salinas, el teniente coronel Patricio Quilot y el ex
agente civil de la DINA, José Ríos San Martín.
- 23 enero 1995: el juez Eleodoro Ortiz rechaza la solicitud de pedir a EEUU
la extradición del ex agente de la DINA, Michael Townley, dado que aunque
se sabe que éste vive en EEUU, se desconoce el lugar concreto de
residencia en ese país. También rechaza las otras dos apelaciones.
- 5 abril 1995: el Congreso de los Diputados de España por unanimidad
expresa preocupación por el "incomprensiblemente dilatado" proceso
judicial.
- 4, 5 y 9 de mayo 1995: se cumplen ante la Segunda Sala de la Corte
Suprema los alegatos de la defensa y querella por las tres apelaciones
rechazadas por Ortiz y el caso queda en acuerdo o con fallo pendiente.
- 25 mayo 1995: Naciones Unidas y el Gobierno español acogen
positivamente la apertura del proceso contra los dos militares.
- 26 mayo 1995: el juez Roberto Dávila advierte que la amnistía aún planea
sobre el proceso.
- 13 junio 1995: quedan en prisión preventiva los inculpados Salinas y San
Martín.
- 21 junio 1995: la II Sala de la Corte de Apelaciones concede la libertad
bajo fianza a los dos inculpados.
- 25 junio 1995: el presidente de la Corte Suprema, Marcos Aburto, opina
que debe aplicarse la amnistía porque las leyes internacionales no priman
sobre las normas internas.
- 26 octubre 1995: crece el temor en organismos de derechos humanos por
la aplicación de amnistía, en compensación por el dictamen condenatorio
en el proceso por asesinato de Orlando Letelier.
- 7 noviembre 1995: el juez Ortiz decreta cierre del sumario.
- 22 noviembre 1995: el abogado querellante, Alfonso Insunza, pide
reapertura del sumario pues quedan diligencias pendientes, entre éstas, el
testimonio del ex agente norteamericano de la DINA Michael Townley.
- 23 noviembre 1995: el magistrado rechaza petición de reapertura sumario.
- 24 noviembre 1995: la CEPAL reitera en un comunicado su interés porque
se haga justicia.
- 15 diciembre 1995: el abogado Insunza pide que se amplíen
declaraciones de varios agentes de la ex policía secreta.
- 26 diciembre 1995: se suspende proceso por infarto del juez Ortiz.
- 20 abril 1996: el juez Ortiz retoma el caso una vez superados los
problemas de salud.
- 9 mayo 1996: senadores de la coalición gobernante señalan al juez su
preocupación por el impacto internacional que puede tener la eventual
aplicación de la amnistía.
- 4 junio 1996: el juez Ortiz sobresee y aplica amnistía al proceso y deja libre
de responsabilidad penal a los dos inculpados.
- 11 junio 1996: Insunza presenta un recurso para declarar inconstitucional
la aplicación de la ley de amnistía.
- 21 junio 1996: el fiscal de la Corte Suprema, Enrique Paillás, informa al
máximo tribunal que no procede el sobreseimiento ni la aplicación de la Ley
de Amnistía en este caso.
- Julio 1996: la defensa y la parte querellante presentan alegatos ante la
Corte.
- 24 agosto 1996: la Corte Suprema confirma la amnistía para los dos
acusados.
- 1 febrero 1997: la familia de Carmelo Soria denuncia al Estado chileno
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por
denegación de justicia, tras la decisión de agosto anterior de la Corte
Suprema de amnistiar a los acusados del crimen.
- 6 marzo 1997: el secretario general de la ONU, Kofi Annan, no acepta la
amnistía decretada por la Corte Suprema de Chile sobre el homicidio del
funcionario español de la ONU Carmelo Soria.
- 27 marzo 1997: Laura González Vera-Merchant, viuda de Carmelo Soria,
pide de nuevo ante la Comisión de Derechos Humanos al Gobierno de
Chile que reconozca la condición de "funcionario internacional" que su
marido tenía cuando fue asesinado.
- 1 noviembre 1997: Carmen Soria, hija del diplomático, solicita al
presidente chileno, Eduardo Frei, que vete el ascenso a general brigadier
de Jaime Lepe Orellana, involucrado en el crimen de su padre.
- 4 noviembre 1997: el presidente de Chile, Eduardo Frei, veta la propuesta
que le había formulado el Ejército para ascender a Lepe, implicado pero no
condenado en el asesinato Carmelo Soria.
- 6 noviembre 1997: el Ejército critica la decisión del presidente Frei vetar al
militar y utilizar por primera vez su facultad para rechazar la petición de
promoción del Ejército.
- 7 noviembre 1997: el secretario general de la ONU, Kofi Annan, de visita
en Chile recibe a Carmen Soria, hija del funcionario, para reafirmar su
condición de diplomático.
- 17 diciembre 1997: el ex magistrado de la Corte Suprema Enrique Zurita,
quien presidió la sala en 1996 cuando se cerró definitivamente el caso
Soria, es designado senador por el plenario del organismo judicial.
- 17 octubre 1998: Carmen Soria, hija del funcionario asesinado, recibe
amenazas anónimas de muerte y consigue protección policial tras
denunciarlas públicamente, pero continúa reclamando la reapertura del
caso.
- 29 septiembre 1999: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA emite un informe en el que considera que el Gobierno chileno no
ha hecho justicia en el caso.
- 9 mayo 2001: el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón
dicta orden internacional de busca y captura contra el ex ministro de
Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche por su presunta implicación en
el asesinato de Soria, resolución adoptada dentro de la investigación que
éste sigue por los desaparecidos en las dictaduras chilena y argentina.
- 14 julio 2001: el caso del asesinato de Carmelo Soria en Chile cumplió 25
años en los tribunales. La familia aún persigue que sean juzgados los
autores.
- 31 mayo 2002: la Audiencia Nacional dicta que los tribunales españoles
no son competentes para juzgar hechos ocurridos en Chile en 1976. La
Sección Tercera impide perseguir al ex ministro de Defensa chileno Hernán
Julio Brady Roche.
- 1 junio 2002: a petición de la familia, los restos del diplomático español
son exhumados por disposición de un juez de Santiago, Andrés Contreras,
del 23 Juzgado del Crimen de Santiago.
- 29 julio 2002: el Instituto Médico Legal chileno identifica a través de
exámenes de ADN los restos de Carmelo Soria. Después de la
identificación, la familia de Soria incinera sus restos en el cementerio
general de la capital chilena.
- 30 julio 2002: el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
española rechaza anular el archivo del caso a la espera de que el Supremo
decida sobre la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto
contra la resolución.
- 31 julio 2002: la Audiencia Nacional aplaza el pronunciamiento sobre la
competencia de los tribunales para enjuiciar casos de genocidio y
terrorismo cometidos en el extranjero.
- 24 agosto 2002: las autoridades chilenas alcanzan un acuerdo con los
herederos de Soria que comprende la petición a la Corte Suprema la
reapertura del proceso, al pago de una indemnización a los familiares de
dos millones de dólares y el reconocimiento de la calidad de funcionario
internacional de Soria. A cambio la familia desistía de la demanda civil
interpuesta dos años ante en la que exigía una indemnización de 3,2
millones de dólares.
- 25 octubre 2002: la familia Soria se persona en el proceso por el
asesinato de Eugenio Berríos, químico y colaborador de la dictadura de
Augusto Pinochet, cuyo cuerpo apareció en abril 1995, tras su desaparición
de una comisaría uruguaya a finales de 1992, y que pudo estar relacionado
con la muerte de Soria al ser la persona que elaboraba el gas sarín en la
casa de Townley. Con su personación, el juez del caso Alejandro Madrid
reabre una causa paralela por "obstrucción a la justicia y homicidio de
Carmelo Soria y otros".
- 27 enero 2003: el gobierno chileno y la familia del diplomático sellan en el
marco de la OEA el acuerdo amistoso de reparación alcanzado en agosto
anterior.
- 8 mayo 2003: el Gobierno chileno se convierte en parte en el proceso por
el homicidio de Soria, en cumplimiento de una recomendación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- 30 octubre 2003: la familia de Soria presenta una querella contra Pinochet
por el homicidio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a la que
demanda la designación de un juez especial.
- 12 noviembre 2003: la Corte de Apelaciones de Santiago acoge a trámite
una querella contra Augusto Pinochet por el asesinato de Soria y designa
para la investigación a la juez especial Amanda Valdovinos.
- 15 marzo 2004: el Tribunal Supremo español declara que los tribunales
españoles tienen jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la
querella criminal interpuesta contra el ex ministro de Defensa chileno
Hernán Julio Brady Roche por el asesinato del español Carmelo Soria y
admiten a trámite la misma.
- 5 abril 2004: el Gobierno chileno se compromete a indemnizar a la familia
de Carmelo Soria, tal y como había pactado casi dos años antes.
- 6 mayo 2004: la juez chilena Valdovinos se declara incompetente para
investigar la querella contra Pinochet aduciendo que el caso radicaba en el
juez de la Corte Suprema Eleodoro Ortiz, quien en 1996 archivó la causa por
aplicación de la Ley de amnistía, y la familia de Carmelo Soria anuncia que
recurrirá a la jurisdicción española para que investigue la muerte del
diplomático.
- 3 junio 2004: la familia de Soria presenta ante la Corte Suprema chilena
una querella contra Pinochet por su posible responsabilidad en el
homicidio.
- 1 julio 2004: el juez de la Cortes Suprema José Benquis rechaza sin
tramitar la última querella contra Pinochet por considerar que existía "cosa
juzgada" puesto que el caso fue archivado en 1996 en aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 10 agosto 2004: la Sala Penal de la Corte Suprema chilena confirma el
dictamen del juez Benquis, por lo que se cierra definitivamente el caso en
Chile.
- 16 agosto 2004: el grupo parlamentario de IU, en una proposición no de
ley remitida al Congreso de los Diputados, solicita al Gobierno que actúe
ante el Ejecutivo chileno para que facilite la reapertura del proceso.
- 11 octubre 2004: el grupo de diputados de IU presenta una segunda
proposición no de ley ante el Congreso para que su homólogo chileno
resuelva la compensación económica acordada en su día entre las partes.
- 19 octubre 2004: el grupo socialista en el Congreso presenta una iniciativa
similar a las anteriores para que el Gobierno español actúe ante Chile para
que solvente los obstáculos que impiden depurar responsabilidades por el
asesinato.
- 24 noviembre 2004: la Comisión de Exteriores del Congreso español
aprueba una proposición no de ley del PSOE, a la vez que rechaza una
iniciativa de IU, que reclama al Gobierno todas las medidas posibles para
que el Ejecutivo chileno solvente los "obstáculos jurídicos y políticos" que
impiden depurar responsabilidades por el asesinato del diplomático
Carmelo Soria.
- 22 marzo 2005.- El congreso chileno aprueba la indemnización de 1,5
millones de dólares del Estado a la familia Soria. El acuerdo deberá ser
ratificado por el Senado. La resolución de la Cámara de Diputados fue
adoptada por 46 votos a favor, 38 en contra (de la oposición de derecha) y
dos abstenciones.
DatosRelevantes
--------------------------------------------------------------------------------
14.O7.1976/ Carmelo Soria es detenido por la DINA.
16.07.1976/ Aparece su cadáver en un canal en Santiago.
- Se intenta simular un accidente de tráfico y oficialmente se asegura que
se suicidó.
- La Policia Civil determina que murió por torturas.
- 1990/ La llegada de Patricia Awlyn al poder reactiva el caso.
- 13.08.1991/ La familia pide la reapertura del caso.
- 06.12.1993/ LaCorte Marcial aplica la Ley de Amnistía y dicta su
sobreseimiento.
- 13.12.1993/ La familia pide la aulación de la amnistía.
- 06.04.1994/ La Primera Sala de la Corte Suprema determina reabrir el
caso.
- 24.05.1995/ La Segunda Sala de la Corte Suprema procesa al mayor
retirado del Ejército Guillermo Salinas Torres y al sargento retirado José
Ríos San Martín, como autor y cómplice, respectivamente, del crimen.
04.06.1996/ El juez Ortiz sobresee y aplica amnistía al proceso y deja libre
de responsabilidad penal a los dos inculpados.
24.08.1996/ La Corte Suprema confirma la amnistía para los dos acusados.
01.02.1997/ La familia Soria presenta denuncia ante la Corte
Interamericana de DDHH de la OEA.
29.09.1999/ La CIDH dictama que el Gobierno chileno no ha hecho justicia
en el caso.
09.05.2001/ El juez Baltasar Garzón inicia un proceso por el caso en
España.
24.08.2002/ Chile acepta pedir la reapertura del caso e indemnizar a la
familia.
10.08.2004/ La Corte Suprema chilena confirma definitivamente el cierre del
caso en el país.
--------------------------------------------------------------------------------
RESUMEN
Veintiocho años después de la desaparición y muerte del diplomático
hispano-chileno Carmelo Luis Soria Espinoza, el 10 de agosto de 2004 la
Corte Suprema chilena cerró definitivamente el caso en los tribunales de
este país.
Atrás quedan largos años de batallas legales con decisiones como la
tomada el 24 de agosto de 1996 por la Corte Suprema de confirmar la
aplicación de la amnistía para los asesinos de Soria. El caso fue de nuevo
reabierto tras un informe de septiembre de 1999 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que consideraba que no
se había hecho justicia, llegando incluso a alcanzarse en agosto de 2002
un acuerdo de reparación entre las autoridades chilenas y los
descendientes de Soria, por el que se comprometían a solicitar la
reapertura del sumario y a aceptar la familia una indemnización de dos
millones de dólares.
Paralelamente a este largo proceso en Chile, en España las autoridades
políticas presionaron a las chilenas para que se reabriera el caso y se
hiciera justicia, a la vez que desde 2001 el juez español de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón mantiene abierta la investigación de este
homicidio dentro del caso que instruía por las desapariciones en las
dictaduras argentina y chilena. Este proceso en España aún sigue abierto
tras dictaminar el Tribunal Supremo la competencia para entender en estos
casos.
Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), dependiente de la ONU, en el que ocupó el puesto de
jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericanos
de Demografía, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por la Brigada
Mulchén, perteneciente a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA, organismo responsable de las desapariciones forzosas de
personas y de los asesinatos dentro y fuera de Chile, durante la dictadura
de Pinochet). Dos días después apareció muerto en un canal junto con su
coche, en un intento por simular un accidente de circulación.
En 1991 un informe de la policía civil de Investigaciones concluyó que Soria
fue asesinado por agentes de la DINA en la casa del ex agente Michael
Townley, de nacionalidad norteamericana. Luego, éste reconoció los
hechos y delató a los agentes que participaron en el crimen.
Uno de los cinco oficiales involucrados en los hechos fue el coronel del
Ejército Jaime Lepe Orellana, quien, pese a ser mencionado en la causa,
nunca ha sido procesado. Desde 1976 fue escolta y guardia personal de
Augusto Pinochet. En 1992 fue designado secretario general del Ejército y
responsable de las finanzas de la Comandancia en Jefe. El 4 de noviembre
de 1997 su promoción a brigadier general (equivalente a general de
Brigada en España) fue vetado por el entonces presidente de la República
Eduardo Frei y pasó al retiro en octubre de 2000.
Además estuvieron inculpados en el crimen, el ex coronel del Ejército
Guillermo Salinas Torres, como autor, así como el sargento José Remigio
Ríos San Martín, el ex capitán Pablo Belmar Labbé y el capitán Juan
Delmás Ramírez, quien apareció muerto en junio de 1981en su automóvil
en pleno desierto de Calama, en circunstancias no aclaradas.
CRONOLOGIA RESUMIDA
- Junio 1991: la familia de Carmelo Soria solicita la reapertura del proceso
por su muerte, que llevaba archivado doce años.
- 14 noviembre 1991: el abogado de la familia, Alfonso Insunza, pide al
Tercer Juzgado del Crimen que investigue la muerte de Soria a raíz de
antecedentes aparecidos en expediente del proceso por el asesinato del ex
canciller Orlando Letelier.
- 15 mayo 1992: la magistrada Violeta Guzmán Farren, de la Corte de
Apelaciones de Santiago, se hace cargo del proceso con atribuciones de
juez especial.
- 29 diciembre 1992: la Corte de Apelaciones rechaza por unanimidad la
aplicación de la Ley de Amnistía al caso, solicitada por el coronel retirado
del Ejército Rolf Wenderoth.
- 27 julio 1993: la Corte Suprema no da lugar a la apelación presentada por
Wnderoth basándose en la prescripción del caso y la aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 20 agosto 1993: el juez militar de Santiago, general Hernán Ramírez, pide
la incompetencia de la juez Violeta Guzmán y reclama el caso para la
justicia castrense.
- 23 agosto 1993: la juez Guzmán se niega a pasar el caso a la justicia
militar.
- 16 noviembre 1993: la Tercera Sala de la Corte Suprema decide pasar el
caso a la justicia militar.
- 25 noviembre 1993: la Cancillería chilena pide a la Corte Suprema la
designación de un magistrado especial.
- 2 diciembre 1993: la Corte Suprema rechaza nombrar un juez especial,
por siete votos contra seis.
- 6 diciembre 1993: el Gobierno chileno pide a la Corte Suprema que
reconsidere esa decisión, a la vez que la Corte Marcial aplica la Ley de
Amnistía y dicta sobreseimiento.
- 10 diciembre 1993: el Gobierno español califica de "gran noticia" la
designación de un juez especial en el caso Soria por la Corte Suprema. El
nombramiento recae en Marcos Libedinsky.
- 13 diciembre 1993: el abogado de la familia Soria solicita la anulación de
la amnistía dictada por un juez militar.
- 30 diciembre 1993: el juez Libedinsky rechaza un recurso de nulidad sobre
lo obrado por la justicia militar.
- 4 enero 1994: el abogado Insunza presenta apelación al dictamen de
Libedinsky bajo el argumento de que la investigación no está agotada pues
hay varias diligencias pendientes.
- 6 abril 1994: la Primera Sala de la Corte Suprema determina reabrir el
caso Soria, en un fallo unánime.
- 13 abril 1994: el juez Libedinsky se declara inhabilitado para seguir con el
proceso y determina que en el secuestro, torturas y asesinato de Soria
participaron, además del coronel Lepe, el coronel retirado Guillermo
Salinas, el capitán Pablo Belmar y otros funcionarios del Ejército.
- 24 junio 1994: el pleno de la Corte Suprema nombra a Eleodoro Ortiz
como nuevo juez investigador en el caso Soria.
- 15 diciembre 1994: el abogado querellante pide nuevas diligencias.
- 18 enero 1995: Insunza presenta a la Corte Suprema una petición de
extradición del estadounidense Michael Townley, bajo la acusación de ser
coautor del asesinato de Soria.
- 23 enero 1995: el juez Ortiz rechaza la solicitud de pedir a EEUU la
extradición de Townley, ex agente de la DINA, dado que se desconoce el
lugar concreto de su residencia en ese país. También rechaza otras dos
apelaciones.
- 5 abril 1995: el Congreso de los Diputados de España, por unanimidad,
expresa preocupación por el "incomprensiblemente dilatado" proceso
judicial.
- 24 mayo 1995: la Segunda Sala de la Corte Suprema, por tres votos contra
dos, decide someter a proceso al mayor retirado del Ejército Guillermo
Salinas Torres y al sargento retirado José Ríos San Martín, como autor y
cómplice, respectivamente, del crimen.
- 25 mayo 1995: Naciones Unidas y el Gobierno español acogen
favorablemente la apertura del proceso contra los dos militares.
- 13 junio 1995: quedan en prisión preventiva ambos inculpados.
- 21 junio 1995: la II Sala de la Corte de Apelaciones concede la libertad
bajo fianza a los dos militares inculpados.
- 25 junio 1995: el presidente de la Corte Suprema, Marcos Aburto, opina
que debe aplicarse la amnistía porque las leyes internacionales no priman
sobre las normas internas.
- 7 noviembre 1995: el juez Ortiz decreta cierre del sumario.
- 21 junio 1996: el fiscal de la Corte Suprema Enrique Paillás, en un informe
ante el tribunal, señala que no procede el sobreseimiento ni la aplicación
de la amnistía en este caso.
- Julio 1996: la defensa y la parte querellante presentan alegatos ante la
Corte.
- 24 agosto 1996: la Corte Suprema confirma la amnistía para los dos
acusados.
- 1 febrero 1997: la familia de Carmelo Soria denuncia al Estado Chileno
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos (OEA).
- 6 marzo 1997: el secretario general de la ONU, Kofi Annan, no acepta la
amnistía decretada por la Corte Suprema de Chile.
- 4 noviembre 1997: el presidente de Chile, Eduardo Frei, veta la propuesta
formulada por el Ejército para ascender a general Jaime lepe, implicado
pero no condenado en el asesinato de Carmelo Soria.
- 29 septiembre 1999: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA emite un informe en el que considera que el Gobierno chileno no
ha hecho justicia en el caso Soria.
- 9 mayo 2001: el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón
dicta orden internacional de busca y captura contra el ex ministro de
Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche por su presunta implicación en
el asesinato de Soria, resolución adoptada dentro de la investigación que
éste sigue por los desaparecidos en las dictaduras chilena y argentina.
- 14 julio 2001: el caso Soria en Chile cumplió 25 años en los tribunales.
- 31 mayo 2002: la Audiencia Nacional dicta que los tribunales españoles
no son competentes para juzgar hechos ocurridos en Chile en 1976. La
Sección Tercera impide perseguir al ex ministro de Defensa chileno Hernán
Julio Brady Roche.
- 1 junio 2002: los restos del diplomático español son exhumados por
disposición del juez Andrés Contreras, del 23 Juzgado del Crimen de
Santiago.
- 29 julio 2002: el Instituto Médico Legal chileno identifica a través de
exámenes de ADN los restos de Carmelo Soria.
- 24 agosto 2002: Chile acepta indemnizar a los herederos de Carmelo
Soria y reabrir la investigación. En el acuerdo alcanzado por ambas partes,
las autoridades chilenas se comprometen a pedir a la justicia que reabra la
investigación del crimen y a pagar a la familia una indemnización de dos
millones de dólares.
- 15 marzo 2004: el Tribunal Supremo español declara que los tribunales
españoles tienen jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la
querella criminal interpuesta contra el ex ministro de Defensa chileno
Hernán Julio Brady Roche por el asesinato del español Carmelo Soria y
admiten a trámite la misma.
- 3 junio 2004: la familia de Soria presenta ante la Corte Suprema chilena
una querella contra Pinochet por su posible responsabilidad en el
homicidio.
- 1 julio 2004: el juez de la Cortes Suprema José Benquis rechaza sin
tramitar la última querella contra Pinochet por considerar que existía "cosa
juzgada" puesto que el caso fue archivado en 1996 en aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 10 agosto 2004: la Sala Penal de la Corte Suprema chilena confirma el
dictamen del juez Benquis, por lo que se cierra definitivamente el caso en
Chile.
- 22 marzo 2005.- El congreso chileno aprueba la indemnización de 1,5
millones de dólares del Estado a la familia Soria. El acuerdo deberá ser
ratificado por el Senado.
CRONOLOGIA AMPLIA
Veintiocho años después de la desaparición y muerte del diplomático
hispano-chileno Carmelo Luis Soria Espinoza, el 10 de agosto de 2004 la
Corte Suprema chilena cerró definitivamente el caso en los tribunales de
este país.
Atrás quedan largos años de batallas legales con decisiones como la
tomada el 24 de agosto de 1996 por la Corte Suprema de confirmar la
aplicación de la amnistía para los asesinos de Soria. El caso fue de nuevo
reabierto tras un informe de septiembre de 1999 de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que consideraba que no
se había hecho justicia, llegando incluso a alcanzarse en agosto de 2002
un acuerdo de reparación entre las autoridades chilenas y los
descendientes de Soria, por el que se comprometían a solicitar la
reapertura del sumario y a aceptar la familia una indemnización de dos
millones de dólares.
Paralelamente a este largo proceso en Chile, en España las autoridades
políticas presionaron a las chilenas para que se reabriera el caso y se
hiciera justica, a la vez que desde 2001 el juez español de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón mantiene abierta la investigación de este
homicidio dentro del caso que instruía por las desapariciones en las
dictaduras argentina y chilena. Este proceso en España aún sigue abierto
tras dictaminar el Tribunal Supremo la competencia para entender en estos
casos.
Carmelo Soria, funcionario de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL), dependiente de la ONU, en el que ocupó el puesto de
jefe de la sección Editorial y de Publicaciones del Centro Latinoamericanos
de Demografía, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por la Brigada
Mulchén, perteneciente a la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional
(DINA). Dos días después fue encontrado sin vida dentro de su automóvil
en el canal El Carmen, en el sector oriente de La Pirámide, zona oriente de
Santiago, donde los agentes de la DINA lo arrojaron, para simular un
accidente de circulación.
Pese a los primeros informes acerca de un posible suicidio, el informe de
la autopsia demostró que Soria murió a consecuencia de las torturas, que
incluyeron la inhalación forzada de gas sarín, que recibió por parte de
agentes de la DINA en la casa del estadounidense Michael Townley, en el
sector oriente de Santiago, que servía también como cuartel de la DINA.
Townley, en un testimonio realizado en Estados Unidos ante oficiales de la
policía civil chilena en 1992, identificó a los integrantes de la Brigada
Mulchén que participaron en el hecho.
Uno de los cinco oficiales involucrados en los hechos fue el coronel del
Ejército Jaime Lepe Orellana, quien, pese a ser mencionado en la causa,
nunca ha sido procesado. Desde 1976 fue escolta y guardia personal de
Augusto Pinochet. En 1992 fue designado secretario general del ejército y
responsable de las finanzas de la Comandancia en Jefe. El 4 de noviembre
de 1997 su ascenso a brigadier general (equivalente a general de Brigada
en España) fue vetado por el entonces presidente Eduardo Frei y pasó al
retiro en octubre de 2000.
Además estuvieron inculpados en el crimen, el ex coronel del Ejército
Guillermo Salinas Torres, como autor, así como el sargento José Remigio
Ríos San Martín, el ex capitán Pablo Belmar Labbé y el capitán Juan
Delmás Ramírez, quien apareció muerto en junio de 1981en su automóvil
en pleno desierto de Calama, en circunstancias no aclaradas.
El proceso por el asesinato de Carmelo Soria sólo fue reactivado a partir de
la llegada de la democracia al país, tras la llegada a la presidencia de la
República de Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990.
- Junio 1991: la familia de Carmelo Soria solicita la reapertura del proceso
por la muerte de Soria, que llevaba archivado 12 años.
- 13 agosto 1991: la CEPAL envía una carta a la jueza que investiga la
causa, Dobra Luksic, respaldando esa iniciativa y ofreciendo su amplia
colaboración.
- 14 noviembre 1991: el abogado de la familia Soria, Alfonso Insunza, pide
al Tercer Juzgado del Crimen que investigue la muerte de Soria a raíz de
antecedentes aparecidos en expediente del proceso por el asesinato del ex
canciller Orlando Letelier.
- 30 abril 1992: la cancillería chilena solicita a la Corte Suprema la
designación de un juez especial, dotado de amplias facultades, para que
investigue el asesinato.
- 15 mayo 1992: la magistrada Violeta Guzmán Farren, de la Corte de
Apelaciones de Santiago, se hace cargo del proceso con atribuciones de
juez especial.
- 23 octubre 1992: el fiscal de la Corte Suprema, René Pica, aprueba el
envío de exhorto a Estados Unidos con 30 preguntas para los ex agentes
de la DINA Michael Townley y Armando Fernández Larios.
- 29 diciembre 1992: la Corte de Apelaciones rechaza por unanimidad la
aplicación de la ley de amnistía al caso, solicitada por el coronel retirado del
Ejército Rolf Wenderoth.
- 27 julio 1993: la Corte Suprema no da lugar a la apelación presentada por
Wnderoth basándose en la prescripción del caso y la aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 20 agosto 1993: el juez militar de Santiago, general Hernán Ramírez, pide
la incompetencia de la juez Violeta Guzmán y reclamó el caso para la
justicia castrense.
- 23 agosto 1993: la jueza Guzmán se niega a pasar el caso a la justicia
militar.
- 5 septiembre 1993: viaja a Santiago el director de la asesoría jurídica del
Ministerio español de Asuntos Exteriores, José Antonio Pastor Ridruejo,
para elaborar un informe sobre la marcha del proceso y discutir el caso con
autoridades del Gobierno chileno.
- 13 septiembre 1993: la coalición Izquierda Unida (IU) exige al Gobierno
español que se personara en el proceso judicial abierto en Chile por el
crimen de Soria.
- 16 noviembre 1993: la Tercera Sala de la Corte Suprema decide pasar el
caso a la justicia militar.
- 18 noviembre 1993: el Gobierno de España pide formalmente al de Chile
que solicite a la Corte Suprema la designación de un juez especial para
investigar la muerte de Soria.
- 25 noviembre 1993: la cancillería chilena pide a la Corte Suprema la
designación de un magistrado especial.
- 2 diciembre 1993: la Corte Suprema rechaza nombrar un juez especial,
por 7 votos contra 6.
- 7 diciembre 1993: el embajador de España, Pedro Bermejo, regresa a
Madrid al ser llamado a "consultas" por la negativa de la Corte Suprema de
nombrar un juez especial.
- 10 diciembre 1993: el Gobierno español califica como "gran noticia" la
designación de un juez especial en el caso Soria por parte de la Corte
Suprema. El nombramiento recae en el juez Marcos Libedinsky.
- 13 diciembre 1993: el abogado Alfonso Insunza, defensor de la familia
Soria, solicita la anulación de la amnistía dictada por un juez militar en el
proceso por el asesinato de Carmelo Soria.
- 27 diciembre 1993: el pleno de la Corte Suprema decide trasladar al juez
especial Marcos Libedinsky la decisión de resolver respecto de la
aplicación de la ley de amnistía que un juez militar dictó en el proceso por la
muerte de Soria.
- 30 diciembre 1993: el juez Libedinsky rechaza recurso de nulidad sobre lo
obrado por la justicia militar, que fue presentado por la parte querellante. En
la práctica el dictamen confirma el sobreseimiento dictado por la justicia
militar.
- 4 enero 1994: el abogado Alfonso Insunza presenta apelación a dictamen
de Libedinsky bajo el argumento de que la investigación no está agotada
pues hay varias diligencias pendientes.
- 11 enero 1994: la Corte Suprema acoge recurso de Insunza y pide a
Libedinsky un informe sobre su actuación y las razones de su dictamen
anterior.
- 24 marzo 1994: a petición de la parte acusada, se posterga para el 4 de
abril la vista de la causa procesal por el crimen de Soria. Ese mismo día se
informa que el gobierno español había negado la entrada a España al
secretario general del Ejército chileno, coronel Jaime Lepe, por estar
presuntamente involucrado en el caso Soria.
En un fallo unánime. Este dictamen dejó sin efecto la resolución del
segundo Juzgado Militar de Santiago que había aplicado la ley de amnistía
de 1978.
- 7 abril 1994: fuentes judiciales informan que el ex jefe de la DINA, general
en retiro del Ejército Manuel Contreras, deberá declarar por oficio ante el
juez Marcos Libedinsky.
- 12 abril 1994: el abogado Alfonso Insunza presenta una recusación
amistosa en contra del juez investigador Marcos Libedinsky, por haber
emitido un juicio previo sobre el caso Soria, debido a que el 30 de
diciembre anterior había confirmado el sobreseimiento definitivo dictado por
la justicia militar, que aplicó la Ley de Amnistía.
- 13 abril 1994: el juez Marcos Libedinsky se declara inhabilitado para
seguir con el proceso y determina que en el secuestro, torturas y asesinato
de Soria participaron además del coronel Lepe, el coronel retirado
Guillermo Salinas, el capitán Pablo Belmar y otros funcionarios del Ejército.
- 19 abril 1994: el abogado Alfonso Insunza expresa su confianza de que
España llevará el caso ante la Corte Internacional de La Haya si la justicia
chilena no esclarece la verdad.
- 24 junio 1994: el pleno de la Corte Suprema nombra a Eleodoro Ortiz
como nuevo juez investigador en el caso Soria.
- 25 julio 1994: el abogado Insunza pide declaración por exhorto del
estadounidense Michael Townely, en cuya casa fue asesinado Carmelo
Soria.
- 8 septiembre 1994: el ex jefe de la DINA, general retirado del Ejército
Manuel Contreras, y el ex jefe del servicio exterior de la DINA, general
retirado Raúl Iturriaga, son interrogados por el juez Eleodoro Ortiz en
relación con el crimen de Soria.
- 14 diciembre 1994: el secretario general de la ONU, Butros Gali, en una
declaración pública reitera el interés de la ONU por el juicio y confía que la
Corte Suprema lo resuelva satisfactoriamente.
- 15 diciembre 1994: El abogado querellante pide nuevas diligencias.
- 18 enero 1995: Insunza presenta a la Corte Suprema una petición de
extradición del estadounidense Michael Townley, bajo la acusación de ser
coautor del asesinato de Soria. También pide juicio penal contra el ex
director de la DINA, general en retiro Manuel Contreras, y su segundo, el
entonces coronel Pedro Espinoza, por delito de obstrucción a la justicia al
haber negado ante el juez Ortiz la existencia de la Brigada Mulchén. La
Tercera Sala de Apelación se refiere a la negativa del juez Eleodoro Ortiz
Sepúlveda a someter a proceso a los coroneles de Ejército Jaime Lepe,
Pablo Belmar y Guillermo Salinas, el teniente coronel Patricio Quilot y el ex
agente civil de la DINA, José Ríos San Martín.
- 23 enero 1995: el juez Eleodoro Ortiz rechaza la solicitud de pedir a EEUU
la extradición del ex agente de la DINA, Michael Townley, dado que aunque
se sabe que éste vive en EEUU, se desconoce el lugar concreto de
residencia en ese país. También rechaza las otras dos apelaciones.
- 5 abril 1995: el Congreso de los Diputados de España por unanimidad
expresa preocupación por el "incomprensiblemente dilatado" proceso
judicial.
- 4, 5 y 9 de mayo 1995: se cumplen ante la Segunda Sala de la Corte
Suprema los alegatos de la defensa y querella por las tres apelaciones
rechazadas por Ortiz y el caso queda en acuerdo o con fallo pendiente.
- 25 mayo 1995: Naciones Unidas y el Gobierno español acogen
positivamente la apertura del proceso contra los dos militares.
- 26 mayo 1995: el juez Roberto Dávila advierte que la amnistía aún planea
sobre el proceso.
- 13 junio 1995: quedan en prisión preventiva los inculpados Salinas y San
Martín.
- 21 junio 1995: la II Sala de la Corte de Apelaciones concede la libertad
bajo fianza a los dos inculpados.
- 25 junio 1995: el presidente de la Corte Suprema, Marcos Aburto, opina
que debe aplicarse la amnistía porque las leyes internacionales no priman
sobre las normas internas.
- 26 octubre 1995: crece el temor en organismos de derechos humanos por
la aplicación de amnistía, en compensación por el dictamen condenatorio
en el proceso por asesinato de Orlando Letelier.
- 7 noviembre 1995: el juez Ortiz decreta cierre del sumario.
- 22 noviembre 1995: el abogado querellante, Alfonso Insunza, pide
reapertura del sumario pues quedan diligencias pendientes, entre éstas, el
testimonio del ex agente norteamericano de la DINA Michael Townley.
- 23 noviembre 1995: el magistrado rechaza petición de reapertura sumario.
- 24 noviembre 1995: la CEPAL reitera en un comunicado su interés porque
se haga justicia.
- 15 diciembre 1995: el abogado Insunza pide que se amplíen
declaraciones de varios agentes de la ex policía secreta.
- 26 diciembre 1995: se suspende proceso por infarto del juez Ortiz.
- 20 abril 1996: el juez Ortiz retoma el caso una vez superados los
problemas de salud.
- 9 mayo 1996: senadores de la coalición gobernante señalan al juez su
preocupación por el impacto internacional que puede tener la eventual
aplicación de la amnistía.
- 4 junio 1996: el juez Ortiz sobresee y aplica amnistía al proceso y deja libre
de responsabilidad penal a los dos inculpados.
- 11 junio 1996: Insunza presenta un recurso para declarar inconstitucional
la aplicación de la ley de amnistía.
- 21 junio 1996: el fiscal de la Corte Suprema, Enrique Paillás, informa al
máximo tribunal que no procede el sobreseimiento ni la aplicación de la Ley
de Amnistía en este caso.
- Julio 1996: la defensa y la parte querellante presentan alegatos ante la
Corte.
- 24 agosto 1996: la Corte Suprema confirma la amnistía para los dos
acusados.
- 1 febrero 1997: la familia de Carmelo Soria denuncia al Estado chileno
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por
denegación de justicia, tras la decisión de agosto anterior de la Corte
Suprema de amnistiar a los acusados del crimen.
- 6 marzo 1997: el secretario general de la ONU, Kofi Annan, no acepta la
amnistía decretada por la Corte Suprema de Chile sobre el homicidio del
funcionario español de la ONU Carmelo Soria.
- 27 marzo 1997: Laura González Vera-Merchant, viuda de Carmelo Soria,
pide de nuevo ante la Comisión de Derechos Humanos al Gobierno de
Chile que reconozca la condición de "funcionario internacional" que su
marido tenía cuando fue asesinado.
- 1 noviembre 1997: Carmen Soria, hija del diplomático, solicita al
presidente chileno, Eduardo Frei, que vete el ascenso a general brigadier
de Jaime Lepe Orellana, involucrado en el crimen de su padre.
- 4 noviembre 1997: el presidente de Chile, Eduardo Frei, veta la propuesta
que le había formulado el Ejército para ascender a Lepe, implicado pero no
condenado en el asesinato Carmelo Soria.
- 6 noviembre 1997: el Ejército critica la decisión del presidente Frei vetar al
militar y utilizar por primera vez su facultad para rechazar la petición de
promoción del Ejército.
- 7 noviembre 1997: el secretario general de la ONU, Kofi Annan, de visita
en Chile recibe a Carmen Soria, hija del funcionario, para reafirmar su
condición de diplomático.
- 17 diciembre 1997: el ex magistrado de la Corte Suprema Enrique Zurita,
quien presidió la sala en 1996 cuando se cerró definitivamente el caso
Soria, es designado senador por el plenario del organismo judicial.
- 17 octubre 1998: Carmen Soria, hija del funcionario asesinado, recibe
amenazas anónimas de muerte y consigue protección policial tras
denunciarlas públicamente, pero continúa reclamando la reapertura del
caso.
- 29 septiembre 1999: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA emite un informe en el que considera que el Gobierno chileno no
ha hecho justicia en el caso.
- 9 mayo 2001: el juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón
dicta orden internacional de busca y captura contra el ex ministro de
Defensa chileno Hernán Julio Brady Roche por su presunta implicación en
el asesinato de Soria, resolución adoptada dentro de la investigación que
éste sigue por los desaparecidos en las dictaduras chilena y argentina.
- 14 julio 2001: el caso del asesinato de Carmelo Soria en Chile cumplió 25
años en los tribunales. La familia aún persigue que sean juzgados los
autores.
- 31 mayo 2002: la Audiencia Nacional dicta que los tribunales españoles
no son competentes para juzgar hechos ocurridos en Chile en 1976. La
Sección Tercera impide perseguir al ex ministro de Defensa chileno Hernán
Julio Brady Roche.
- 1 junio 2002: a petición de la familia, los restos del diplomático español
son exhumados por disposición de un juez de Santiago, Andrés Contreras,
del 23 Juzgado del Crimen de Santiago.
- 29 julio 2002: el Instituto Médico Legal chileno identifica a través de
exámenes de ADN los restos de Carmelo Soria. Después de la
identificación, la familia de Soria incinera sus restos en el cementerio
general de la capital chilena.
- 30 julio 2002: el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
española rechaza anular el archivo del caso a la espera de que el Supremo
decida sobre la admisión a trámite del recurso de casación interpuesto
contra la resolución.
- 31 julio 2002: la Audiencia Nacional aplaza el pronunciamiento sobre la
competencia de los tribunales para enjuiciar casos de genocidio y
terrorismo cometidos en el extranjero.
- 24 agosto 2002: las autoridades chilenas alcanzan un acuerdo con los
herederos de Soria que comprende la petición a la Corte Suprema la
reapertura del proceso, al pago de una indemnización a los familiares de
dos millones de dólares y el reconocimiento de la calidad de funcionario
internacional de Soria. A cambio la familia desistía de la demanda civil
interpuesta dos años ante en la que exigía una indemnización de 3,2
millones de dólares.
- 25 octubre 2002: la familia Soria se persona en el proceso por el
asesinato de Eugenio Berríos, químico y colaborador de la dictadura de
Augusto Pinochet, cuyo cuerpo apareció en abril 1995, tras su desaparición
de una comisaría uruguaya a finales de 1992, y que pudo estar relacionado
con la muerte de Soria al ser la persona que elaboraba el gas sarín en la
casa de Townley. Con su personación, el juez del caso Alejandro Madrid
reabre una causa paralela por "obstrucción a la justicia y homicidio de
Carmelo Soria y otros".
- 27 enero 2003: el gobierno chileno y la familia del diplomático sellan en el
marco de la OEA el acuerdo amistoso de reparación alcanzado en agosto
anterior.
- 8 mayo 2003: el Gobierno chileno se convierte en parte en el proceso por
el homicidio de Soria, en cumplimiento de una recomendación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- 30 octubre 2003: la familia de Soria presenta una querella contra Pinochet
por el homicidio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, a la que
demanda la designación de un juez especial.
- 12 noviembre 2003: la Corte de Apelaciones de Santiago acoge a trámite
una querella contra Augusto Pinochet por el asesinato de Soria y designa
para la investigación a la juez especial Amanda Valdovinos.
- 15 marzo 2004: el Tribunal Supremo español declara que los tribunales
españoles tienen jurisdicción para conocer de los hechos objeto de la
querella criminal interpuesta contra el ex ministro de Defensa chileno
Hernán Julio Brady Roche por el asesinato del español Carmelo Soria y
admiten a trámite la misma.
- 5 abril 2004: el Gobierno chileno se compromete a indemnizar a la familia
de Carmelo Soria, tal y como había pactado casi dos años antes.
- 6 mayo 2004: la juez chilena Valdovinos se declara incompetente para
investigar la querella contra Pinochet aduciendo que el caso radicaba en el
juez de la Corte Suprema Eleodoro Ortiz, quien en 1996 archivó la causa por
aplicación de la Ley de amnistía, y la familia de Carmelo Soria anuncia que
recurrirá a la jurisdicción española para que investigue la muerte del
diplomático.
- 3 junio 2004: la familia de Soria presenta ante la Corte Suprema chilena
una querella contra Pinochet por su posible responsabilidad en el
homicidio.
- 1 julio 2004: el juez de la Cortes Suprema José Benquis rechaza sin
tramitar la última querella contra Pinochet por considerar que existía "cosa
juzgada" puesto que el caso fue archivado en 1996 en aplicación de la Ley
de Amnistía.
- 10 agosto 2004: la Sala Penal de la Corte Suprema chilena confirma el
dictamen del juez Benquis, por lo que se cierra definitivamente el caso en
Chile.
- 16 agosto 2004: el grupo parlamentario de IU, en una proposición no de
ley remitida al Congreso de los Diputados, solicita al Gobierno que actúe
ante el Ejecutivo chileno para que facilite la reapertura del proceso.
- 11 octubre 2004: el grupo de diputados de IU presenta una segunda
proposición no de ley ante el Congreso para que su homólogo chileno
resuelva la compensación económica acordada en su día entre las partes.
- 19 octubre 2004: el grupo socialista en el Congreso presenta una iniciativa
similar a las anteriores para que el Gobierno español actúe ante Chile para
que solvente los obstáculos que impiden depurar responsabilidades por el
asesinato.
- 24 noviembre 2004: la Comisión de Exteriores del Congreso español
aprueba una proposición no de ley del PSOE, a la vez que rechaza una
iniciativa de IU, que reclama al Gobierno todas las medidas posibles para
que el Ejecutivo chileno solvente los "obstáculos jurídicos y políticos" que
impiden depurar responsabilidades por el asesinato del diplomático
Carmelo Soria.
- 22 marzo 2005.- El congreso chileno aprueba la indemnización de 1,5
millones de dólares del Estado a la familia Soria. El acuerdo deberá ser
ratificado por el Senado. La resolución de la Cámara de Diputados fue
adoptada por 46 votos a favor, 38 en contra (de la oposición de derecha) y
dos abstenciones.
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