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El "caso Riggs", las cuentas secretas descubiertas en EEUU (EFE).- El
caso por el que Augusto Pinochet ha sido procesado tiene su origen en una
investigación del Senado de Estados Unidos que en julio de 2004 reveló
que el ex dictador chileno tenía cuentas secretas en el Banco Riggs.
Un año y cuatro meses después de aquel hallazgo, efectuado en el ámbito
de una indagación general sobre operaciones de lavado de dinero en
relación con la financiación del terrorismo, Pinochet es llevado ante la
Justicia por delitos tributarios y falsificación de documentos.
Al descubrirse que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias en
Estados Unidos, las demoledoras conclusiones de aquella pesquisa
revelaron también las precauciones que habían adoptado el acusado y su
familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares.
Según estableció dicha investigación, la entidad financiera ocultó cuentas
de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998,
ordenada por del juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio, y
de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos.
Para impedir su localización, el Riggs Bank cambió la titularidad de las
cuentas de "Augusto Pinochet Ugarte" a "A.P.Ugarte", entre otros nombres.
Pero en 2002, los organismos reguladores estadounidenses las
descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco "cerró las cuentas
y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para
que lo depositara en otra entidad", según el senador estadounidense Carl
Levin.
Entre 1990 y 2002 el banco le giró entre cuatro y ocho millones de dólares.
El 21 julio de 2004, el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía) chileno
interpuso una querella ante el juez Sergio Muñoz, entonces encargado del
caso, que siguió su curso.
La primera medida que supuso un paso capital fue el registro de las
oficinas de Pinochet el 6 de enero de 2005, por orden judicial.
El 14 abril, el juez Muñoz pidió su desafuero y ordenó detener a su
secretaria privada, Mónica Ananías, y su ex albacea, Oscar Aitken. Se
estima en 8,6 millones de dólares la evasión tributaria en 1980-2004,
además de delitos de negociación incompatible y falsificación de
pasaportes.
Dos meses después, el 7 de junio, le fue retirada la inmunidad por
presunta implicación en cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes
falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares
sobre sus bienes.
Desde entonces, con las pesquisas prácticamente concluidas, el instructor
da ya pasos definitivos para cerrar la indagación y llevar a Pinochet ante la
Justicia.
El 10 de agosto, la esposa y el hijo menor del ex dictador fueron
procesados por complicidad en fraude tributario y Pinochet emitió una
declaración asumiendo "toda responsabilidad" por las cuentas.
El 9 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado afirma que existe
una conexión entre las cuentas de Pinochet y supuestas comisiones por
compras y ventas de armas.
El 6 de octubre, el juez Muñoz estima en un informe que las cuentas de
Pinochet sumaron 28 millones de dólares.
El 19 de octubre, la Corte Suprema aprueba el desafuero de Pinochet y da
curso a un juicio por fraude tributario y otros delitos.
El 21 de octubre, Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador y
procesado como encubridor de evasión tributaria, es fichado y tres días
después, Lucía Hiriart, su madre, pasa por el mismo procedimiento, en
calidad de procesada como cómplice del delito de fraude tributario que se
imputa a su marido.
El 17 de noviembre, Pinochet es interrogado por cuarta vez, en nueve días,
por el juez Carlos Cerda, encargado del caso al ser nombrado Muñoz
integrante de la Corte Suprema.
Hoy, 23 de noviembre, el "caso Riggs" lleva a Pinochet al banquillo, al ser
procesado por evasión tributaria, falsificación de instrumento público,
falsificación de pasaportes y omisión de bienes en su declaración jurada.
El ex dictador queda en arresto domiciliario en su casa de La Dehesa,
situación en la que debe permanecer hasta que la Corte de Apelaciones de
Santiago resuelva sobre el beneficio de la libertad provisional que le otorgó
Cerda, pero con consulta a ese tribunal. EFE doc/chi/vv/sm
caso por el que Augusto Pinochet ha sido procesado tiene su origen en una
investigación del Senado de Estados Unidos que en julio de 2004 reveló
que el ex dictador chileno tenía cuentas secretas en el Banco Riggs.
Un año y cuatro meses después de aquel hallazgo, efectuado en el ámbito
de una indagación general sobre operaciones de lavado de dinero en
relación con la financiación del terrorismo, Pinochet es llevado ante la
Justicia por delitos tributarios y falsificación de documentos.
Al descubrirse que Pinochet llegó a tener 125 cuentas bancarias en
Estados Unidos, las demoledoras conclusiones de aquella pesquisa
revelaron también las precauciones que habían adoptado el acusado y su
familia para esconder una fortuna estimada en 27 millones de dólares.
Según estableció dicha investigación, la entidad financiera ocultó cuentas
de Pinochet mucho tiempo después de su detención en Londres en 1998,
ordenada por del juez español Baltasar Garzón por el delito de genocidio, y
de la subsiguiente orden internacional para la congelación de sus fondos.
Para impedir su localización, el Riggs Bank cambió la titularidad de las
cuentas de "Augusto Pinochet Ugarte" a "A.P.Ugarte", entre otros nombres.
Pero en 2002, los organismos reguladores estadounidenses las
descubrieron y, tras intentar ocultar información, el banco "cerró las cuentas
y envió los fondos no a los tribunales, sino al propio señor Pinochet para
que lo depositara en otra entidad", según el senador estadounidense Carl
Levin.
Entre 1990 y 2002 el banco le giró entre cuatro y ocho millones de dólares.
El 21 julio de 2004, el Consejo de Defensa del Estado (Fiscalía) chileno
interpuso una querella ante el juez Sergio Muñoz, entonces encargado del
caso, que siguió su curso.
La primera medida que supuso un paso capital fue el registro de las
oficinas de Pinochet el 6 de enero de 2005, por orden judicial.
El 14 abril, el juez Muñoz pidió su desafuero y ordenó detener a su
secretaria privada, Mónica Ananías, y su ex albacea, Oscar Aitken. Se
estima en 8,6 millones de dólares la evasión tributaria en 1980-2004,
además de delitos de negociación incompatible y falsificación de
pasaportes.
Dos meses después, el 7 de junio, le fue retirada la inmunidad por
presunta implicación en cuatro delitos: fraude al fisco, uso de pasaportes
falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares
sobre sus bienes.
Desde entonces, con las pesquisas prácticamente concluidas, el instructor
da ya pasos definitivos para cerrar la indagación y llevar a Pinochet ante la
Justicia.
El 10 de agosto, la esposa y el hijo menor del ex dictador fueron
procesados por complicidad en fraude tributario y Pinochet emitió una
declaración asumiendo "toda responsabilidad" por las cuentas.
El 9 de septiembre, el Consejo de Defensa del Estado afirma que existe
una conexión entre las cuentas de Pinochet y supuestas comisiones por
compras y ventas de armas.
El 6 de octubre, el juez Muñoz estima en un informe que las cuentas de
Pinochet sumaron 28 millones de dólares.
El 19 de octubre, la Corte Suprema aprueba el desafuero de Pinochet y da
curso a un juicio por fraude tributario y otros delitos.
El 21 de octubre, Marco Antonio Pinochet Hiriart, hijo del ex dictador y
procesado como encubridor de evasión tributaria, es fichado y tres días
después, Lucía Hiriart, su madre, pasa por el mismo procedimiento, en
calidad de procesada como cómplice del delito de fraude tributario que se
imputa a su marido.
El 17 de noviembre, Pinochet es interrogado por cuarta vez, en nueve días,
por el juez Carlos Cerda, encargado del caso al ser nombrado Muñoz
integrante de la Corte Suprema.
Hoy, 23 de noviembre, el "caso Riggs" lleva a Pinochet al banquillo, al ser
procesado por evasión tributaria, falsificación de instrumento público,
falsificación de pasaportes y omisión de bienes en su declaración jurada.
El ex dictador queda en arresto domiciliario en su casa de La Dehesa,
situación en la que debe permanecer hasta que la Corte de Apelaciones de
Santiago resuelva sobre el beneficio de la libertad provisional que le otorgó
Cerda, pero con consulta a ese tribunal. EFE doc/chi/vv/sm
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